Lo de este gobierno pasará desde luego a los anales de la historia. Cada día perpetran una nueva trapallada, superando la inmediatamente anterior. Lo que hemos presenciado en los últimos meses en España da, no para una, sino para múltiples antologías del disparate, todas ellas indiscutiblemente de categoría superior. No tiene mucho sentido dotar un premio Nobel para la torpeza, ética y técnica a un mismo tiempo, pero desde luego si hubiera que registrar un récord Guiness de la majadería y la miseria moral, la trayectoria del sedicente gobierno de España le abona como nominado único y absoluto a escala internacional.

Después de tener que soportar todo el infame vodevil de las dichosas mascarillas, llegó la idea brillante, la solución magistral, solución que al final resultó no ser otra que la vieja fórmula del comunismo: si hay un problema, lo resuelvo por decreto, y… a otra cosa mariposa. Es la apoteosis del socialismo, que hace completa abstracción de las condiciones reales de funcionamiento de la economía, de los mercados de bienes y servicios. No hace falta ser liberal, en el sentido doctrinario de este término, para constatar la vigencia perenne del principio de imposibilidad de cálculo económico en el marco del socialismo, de la inviabilidad de un mecanismo real de precios en proporción directa a la asunción de los postulados del sistema de planificación central.

Después de todos los pufos y despropósitos en la compra de suministros sanitarios a través del mando único, cuando importantes partidas de los productos adquiridos han resultado finalmente inservibles, cuando las compras se han adjudicado a empresas sin empleados, sin licencia para operar en el ámbito sanitario y sin capacidad técnica reconocida en la materia, o a veces a un precio muy superior al de cualquier producto de análogas características comercializado en el mercado, el gabinete de sabios que nos desgobiernan se frota las manos porque ya ha encontrado la solución, su solución, ya ha encontrado un chivo expiatorio, o eso parece, aunque como veremos, en realidad se trata de una nueva cortina de humo.

En los próximos días, si finalmente no se lo piensan mejor, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden ministerial que regula el importe máximo del material destinado a evitar contagios de coronavirus. El ministro de Sanidad ha argumentado que este precio fijo pretende “evitar abusos” por parte de los comerciantes para aprovechar la altísima demanda que existe con motivo de la crisis sanitaria. El problema, sin embargo, no lo van a tener los comerciantes, sino las farmacias. Durante estas últimas semanas, las mascarillas quirúrgicas las vendían las farmacias a entre 1 y 2,5 euros, según el establecimiento y, sobre todo, su ubicación dentro de la geografía española. A partir de ahora, todas deberán ofrecerlo a los 0,96 euros mencionados. Esta limitación, sin embargo, tiene otra cara diferente a la de los consumidores. Aunque el colegio de farmacéuticos había pedido la limitación de precio para evitar la especulación, el precio fijado hace que a muchos de ellos no les salgan las cuentas. No les merece la pena, afirman, porque no solo no ganan dinero, sino que pierden lo que ponen de su bolsillo. El coste por unidad de la fabricación y de la distribución de este tipo de productos sanitarios supera el límite fijado. Para vender a 0,96 euros y no perder dinero, las farmacias deberían comprar las mascarillas a 0,75 euros, porque a ese precio base hay que sumarle el 21% de IVA y el 5,4% de recargo de equivalencia. Actualmente, los distribuidores ofrecen estas mascarillas a casi 1 euro, por lo que el precio de 0,96 euros lo tendrán que asumir los farmacéuticos. Las farmacias venderán el stock a pérdidas y luego pasarán a vender mascarillas FFP2, que son más caras (pueden alcanzar los 7 u 8 euros de precio de venta al público) y no tienen precio tasado legalmente.

Es decir, todos los indicios apuntan a que un gobierno negligente y manirroto, contra el que el mismísimo Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se dispone a personarse como acusación particular en los procesos que se inicien por los casos de contagio derivados del uso de mascarillas defectuosas distribuidas por el propio ministerio de Sanidad, impone a las farmacias la venta a pérdida de esas mismas mascarillas quirúrgicas a partir de la entrada en vigor de la nueva Orden. Una medida absurda y demagógica, que sólo persigue tapar sus propias vergüenzas, porque las farmacias van a malvender su stock de mascarillas a precio tasado a la mayor velocidad posible, para pasar, también lo antes posible, a vender mascarillas FFP2 a un precio siete u ocho veces superior.

Quosque tándem abutere patientia nostra?