La realidad es que los españoles que vivimos en lugares diferentes no tenemos los mismos problemas y, por ello, no se pueden aplicar soluciones magistrales comunes. No se puede exigir las mismas condiciones para talar un árbol a un español que vive en una zona boscosa del Pirineo Navarro que a otro que vive en el desierto de Almería y pretende acabar con el único árbol en varios kilómetros a la redonda.
Es por ello que el sistema tradicional español organizaba la sociedad desde abajo, empezando por la familia, pasando por las instituciones municipales y regionales y llegando, finalmente, a las nacionales, de tal modo que los problemas del individuo sean solucionados por la institución más cercana posible; se trataba del principio de subsidiariedad y, para que funcionase eficazmente, era necesario dotar de fueros a todos estos organismos. Todo ello no impedía que existiesen ciertas normas y derechos comunes a todos los españoles, lo que hacía era adaptar las posibles soluciones a la realidad de cada zona de España.
El liberalismo acabó con ese sistema implantando un centralismo uniformador de todos los ciudadanos, igualando de forma cuasi absoluta a personas cuyas circunstancias eran totalmente diferentes. El sistema autonómico actual se ha convertido en una especie de centralismo disgregado en el que el gobierno central se ha limitado a transferir sus competencias a las comunidades autónomas, sin ser capaces de adoptar soluciones diferentes ante problemas diferentes relativos a la misma materia.
Últimamente en Cantabria se están sufriendo las consecuencias de ese sistema liberal caótico en una materia tan delicada como es la protección del lobo. El gobierno español ha incluido a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone que los gobiernos autonómicos ya no pueden realizar planes de control de los lobos existentes y establecer, con ese fin, cupos de ellos que puedan ser eliminados.
Desconozco cuál es la presencia de estos cánidos salvajes en zonas como Madrid, el País Vasco o La Rioja, pero en Cantabria el lobo se está extendiendo excesivamente, creando problemas serios a los ganaderos. También por este motivo, el lobo está abandonando sus zonas de hábitat tradicionales en zonas de montaña alta como Soba o Liébana para ir bajando a zonas intermedias; y algo parecido están sufriendo en zonas de Galicia, Asturias y Castilla León.
Entonces, si el lobo tiene problemas de extinción en algunas zonas, pero está poblando demasiado otras ¿por qué hemos de afrontar el problema mediante una ley única uniformadora? ¿no sería más lógico protegerlo allá donde está en peligro y no hacerlo allá donde constituye un peligro? Si el principio de subsidiariedad siguiese vigente y no se hubiese convertido en mera retórica jurídica, este problema no existiría pero, claro, ahora las cosas no funcionan correctamente porque la sociedad se ha deshecho de sus instrumentos de defensa y, curiosamente, quizá como consecuencia de una cándida ignorancia, algunos compatriotas parecen contentos con ello. Ya se sabe: sarna con gusto no pica.
C.R. Gómez
