La prisión provisional y los políticos funcionarios corruptos

Siempre me sorprendió, en mi etapa como fiscal, que solo se pidiese la prisión provisional para lo que podríamos llamar los “desgraciados”.

Las personas realmente importantes, siempre asistidos por abogados criminales, y criminales abogados, de los que cobran más caro que las putas más caras…, suelen ser tratados con guantes de seda, y resulta inimaginable que alguien piense en enviarles a prisión provisional.

(Por no hablar de las presiones, “recomendaciones”, e incluso órdenes que se recibían, para actuar en un sentido o en otro, siempre verbales, para no dejar rastro, y ya sabemos que la fiscalía es un cuerpo jerárquico, como la guardia civil, solo que en lugar de tricornio, llevamos toga).

Acostumbrados a hoteles de cinco estrellas, ¿cómo van a vivir, los pobres, en una miserable cárcel, rodeados de lo peor de cada casa…?

Esa diferencia entre españoles, dependiendo de la clase social, repugna a la Constitución, cuyo artículo 14 dice claramente que todos los españoles somos iguales ante la ley.

Pero, la realidad es que parece que hay españoles que son “más iguales” que otros.

No ignoro que hay una corriente doctrinal en el mundo del Derecho contraria a la prisión provisional, porque estigmatiza, supone una condena anticipada, por unos hechos en los que posteriormente puede haber una sentencia absolutoria, etc., pero esta situación crea malestar entre la ciudadanía, y creo que no nos falta razón a los que pedimos la igualdad entre todos los delincuentes, y, sobre todo, ejemplaridad en el ius puniendi del Estado.

El Tribunal Constitucional, que muchos ya llaman tribunal “prostitucional”, que ni es un verdadero tribunal, ni una buena parte de sus miembros son realmente jueces, sino comisarios políticos de los partidos con mando en plaza, ha venido diciendo que no hay que atender a la “alarma social”, pues es un concepto jurídico indeterminado -lo que creo es falso-, y que solo debe pedirse y acordarse la prisión provisional en los siguientes supuestos:

• Riesgo de fuga del investigado, y
• Riesgo de destrucción u ocultación de pruebas,

¿Ustedes creen que es “normal” dejar en libertad a peligrosos delincuentes de guante blanco, políticos y altos funcionarios, con fortunas en el extranjero, y que procederán a la destrucción de todas las pruebas posibles en su contra, para dificultar o impedir la acción de la Justicia…?

Yo, no.

Ergo, los Tribunales y Juzgados parece que están contribuyendo, por la vía de facto, a la reconstrucción de una nueva sociedad española con dos clases sociales:

• “La nobleza”, formada por los políticos y altos funcionarios delincuentes, que están por encima de la ley, y
• “La plebe”, que somos todos los demás, a los que se nos aplicará la ley con todo el rigor posible, y que por cualquier delito, acabaremos con nuestros huesos en la cárcel.

Y visto que esa “nobleza” no se puede codear en las miserables prisiones españolas con gentuza, que no son de su “nivel y categoría”, ¿no ha pensado el régimen comunista sanchista en construir una nueva prisión, dotada de todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas, y dónde puedan entrar libremente el alcohol, las putas y putos, y la coca, para los suyos…?

Privilegio que podría extenderse a los mandamases de otros partidos “de gobierno” en el Estado y las autosuyas, cogidos con las manos en la masa, pero, eso sí, solo “mediante invitación”, que no todos somos iguales, ni mucho menos.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

https://www.ramirograumorancho.com