Visto que la partitocracia controla la prensa y todos los poderes del Estado ahora, para tener bajo control del nuevo sistema todos los resortes de poder, solo le queda controlar a los sindicatos.

La función teórica de los sindicatos es representar a los trabajadores y defender sus intereses. Una organización de este tipo tiene el respaldo de una gran masa de gente; de ahí viene su poder y de ese poder surge la necesidad partitocrática de controlarlo.

El 2 de mayo de 1879 nace el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Nueve años más tarde, en 1888, el propio Pablo Iglesias Posse (no confundirlo con “el coletas”), fundador del PSOE, crea la Unión General de Trabajadores, designándose como presidente a Antonio García Quejido, un compañero de trabajo del Sr. Iglesias que, además, era secretario de la Federación Socialista Madrileña. Así, como vemos, la UGT nace estrechamente vinculada al PSOE y, con ciertos altibajos, ambas formaciones han seguido un curso tan paralelo que podría afirmarse que la UGT es el sindicato del PSOE. En este aspecto debemos recordar que, tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Pedro Sánchez son, o han sido, afiliados a la UGT.

A mediados de los años 50 militantes comunistas crean comisiones de trabajadores que serían el origen del sindicato Comisiones Obreras (CCOO); no obstante no celebraría su primer congreso como Confederación Sindical de Comisiones Obreras hasta 1978, siendo elegido secretario general Marcelino Camacho, veterano militante del Partido Comunista de España (PCE); éste sería sustituido en 1987 por Antonio Gutiérrez, otro militante del PCE y de Izquierda Unida (IU), aunque acabó en las listas del PSOE. La vida de CCOO corre paralela a la del PCE y de IU, aunque con ciertos momentos de aproximación al PSOE.

La Confederación General del Trabajo (CGT) nace en 1977 como un sindicato anarcosindicalista heredero en ciertos aspectos de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Como podemos ver, dentro de los cinco mayores sindicatos de España, tres nacen estrechamente vinculados a partidos e ideologías de izquierda, en ocasiones nada moderada. Esto ya cuestiona la independencia de tales sindicatos con respecto a los partidos políticos que constituyen su “alma máter”. Únicamente la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y la Unión Sindical Obrera (USO) nacen desvinculadas de partidos e ideologías políticas, si bien en USO se produjeron dos escisiones, una en 1977 y otra en 1980, en las que gran parte de su militancia se integró en UGT y CCOO, respectivamente.

Ciertamente, lo expuesto muestra que determinados sindicatos pueden estar controlados por los partidos de izquierda, pero esto no supone realmente un control partitocrático del sindicalismo pues ciertos grupos (los partidos “de derechas”) son ajenos a esta posibilidad de control. El verdadero control de los sindicatos por parte del sistema vuelve a hacerse por medios económicos.

Ya en el año 1982, siendo presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD) destinó una partida de 800 millones de pesetas (unos 4,8 millones de euros) para, tras el famoso 23 F, conseguir una moderación salarial manteniendo la paz social. Esta partida dentro de los presupuestos generales del estado, y con sus altibajos, ha ido creciendo hasta nuestros días en que los presupuestos generales del estado destinan más de 12 millones de euros a financiar a los sindicatos.

En junio de 2013 Rodolfo Benito, de CCOO, afirmó que sólo un 2,81 % del presupuesto de su sindicato procedía de la financiación pública, mientras que Frederic Monell elevó esta cifra para la UGT hasta el 30 %. En cualquier caso, ninguna de las cifras anteriores parecen reales; podrían serlo si el único dinero público que recibiesen los sindicatos fuese el consignado en los presupuestos generales del Estado, pero es que hay otras partidas de las que también se benefician indirectamente (y que comparten con la CEOE), como son las procedentes del Consejo Económico y Social, de la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y arbitraje, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del Estatuto Básico del Empleado Público, cantidades que, en su conjunto, superan los 30 millones de euros.

Además, las administraciones públicas pagan los sueldos de los liberados del sector público, que se estima rondan los 15000, ahorrando estos sueldos al correspondiente sindicato.

A pesar de todo, la principal fuente de financiación de los sindicatos son los ERE que negocian, y de los que reciben un porcentaje entorno al 3 % de la indemnización. Imaginemos: en 2013 los empresarios dedicaron unos 6000 millones de euros a indemnizar por esta causa, ingresando los sindicatos unos 180 millones de euros por este concepto.

Pero lo más importante es la opacidad con la que manejan ese dinero. A pesar de que han aceptado someterse a la Ley de Transparencia y a publicar las ayudas que reciben, así como a presentar informes de auditoría, no rinden cuentas ante ningún organismo fiscalizador y sus principales partidas siguen siendo opacas o, por lo menos, poco transparentes.

A esto habría que añadir el hecho de que muchos de los inmuebles ocupados por los grandes sindicatos pertenecen a la Administración General del Estado como “Patrimonio Sindical Acumulado” (PSA), suponiéndoles un cuantioso ahorro en este aspecto muy difícil de evaluar.

Así pues, los sindicatos están controlados por el sistema partitocrático mediante el dinero que reciben del erario público, el que se les permite recibir de otras fuentes y los bienes públicos que se les permite utilizar gratuitamente, así como por la vista gorda que hace el Estado con la transparencia real de sus cuentas y el control del destino último de tales fondos.

Quien haya vivido la transición recordará la conflictividad laboral de aquellos años que, curiosamente, finalizó cuando el Gobierno incluyó al sindicalismo en sus presupuestos. Está claro: el método funciona.

 

C.R. Gómez 

C. R. Gómez