Al pueblo español se le ha estado engañando – con cierta vana complacencia por su parte, es cierto – durante los últimos cuarenta años. Se le ha entusiasmado a base de ambigüedades y falacias, de progresismos de panfleto rancio y de ensalmos estupefacientes.
Un pueblo no acostumbrado, en su inmensa mayoría, a las fiebres del partisanismo político, por la propia dinámica del anterior régimen de Franco, ha terminado por resignarse a seguir votando, siquiera sea como mal menor, en aras de una teórica “estabilidad”, a los mismos que le han traído la ruina, a través del enfrentamiento y la división, el conflicto social permanente producido de forma artificial al servicio de los intereses de la partitocracia.
A estas alturas de la película, está claro que el régimen político que se formalizó con la aprobación de la Constitución de 1978 no respondía a las legítimas exigencias o necesidades de los pueblos de España, sino a las ambiciones inconfesables de una serie de oligarquías históricas de vividores frustrados de la política, hasta entonces marginadas del acceso a los resortes del poder público. Los mismos que ahora hacen aspavientos ante las medidas sectarias de la llamada “memoria histórica” son los que hipócrita, aunque inconscientemente, quizá, atizaron con entusiasmo las hogueras del fanatismo sinistrista desde el minuto 1 de la transición.
El proceso de demolición del Estado, entendido en sentido amplio como estructura jurídico-política al servicio de la Nación, en la que, por tanto, el papel protagonista debía corresponder a los diversos cuerpos y comunidades naturales en que históricamente se articula aquella, partió del interior de ese mismo Estado, utilizando los inmensos recursos de que disponía para llevar a cabo sus propósitos.
Según exige la doctrina rusoniana, la legitimidad del gobierno reside única y exclusivamente en el hecho de contar con la mitad más uno de los sufragios emitidos. Lo de gobierno de la mayoría, en estos momentos, no es ya sino un sofisma cínico, pues esa mayoría aritmética se configura como sea, para dar esa pseudolegitimidad a quienes pretendan hacerse con los resortes del poder simplemente “por asalto”.
Desde los tiempos de la UCD, no en vano invocada constantemente como paradigma ideal por los actuales próceres del inefable Partido Popular, hasta la actualidad, para configurar ese escenario de pluralismo falaz, desde dentro del sistema se acostumbra a muñir partidos políticos sin ideario preciso, frente a los explícitamente revolucionarios, sin estadistas dignos de consideración, que acaban por diluirse como un azucarillo en un vaso de agua en medio del vacío doctrinal, los personalismos rivales y la práctica inoperancia ante quienes tienen propósitos antisociales y destructivos claramente definidos y van quemando etapas inflexiblemente.
La práctica sistemática del equívoco y de la mentira por las oligarquías partitocráticas acaba por privar de toda racionalidad a los procesos electorales, impidiendo en la práctica la efectiva capacitación del cuerpo electoral, su capacidad de aprender de los errores.
La politización delirante no ya sólo de las instituciones públicas, sino también de los principales grupos financieros y mediáticos, en los que ha ido operando un paulatino pero irreversible proceso de concentración, acaba por relegar el análisis empírico de las grandes cuestiones administrativas y económicas a un segundo plano, de modo que desde hace décadas hemos asumido realidades como el estancamiento del desarrollo, con elevadas y persistentes cifras de desempleo y un deterioro simultáneo de las condiciones de la contratación laboral, en definitiva con un descenso continuo e imparable de las condiciones reales de vida, que trata burdamente de disimularse con la contrapartida de nuevos derechos sociales de enésima generación, de género o de lo que sea menester.
Ahora no vale quejarse de la corrupción del sistema, cuando el tinglado de los partidos se organizó, también desde el principio, desde el poder, con la colaboración inexcusable, eso sí, de potencias extranjeras. La Constitución se redactó de forma deliberadamente ambigua y equívoca en puntos tan esenciales como la unidad nacional, el derecho a la vida, el matrimonio y la familia, el modelo económico y, desde luego, la institución monárquica, reducida a un papel meramente suntuario y simbólico, o por decirlo de otro modo, completamente desnaturalizada.
Los artículos consensuados en ese equívoco consciente quedaron abandonados de facto al arbitrio interpretativo de los gobiernos y del Tribunal Constitucional, de modo que transcurridos más de cuarenta años hay razones suficientes para afirmar que el Estado español continúa en un indefinido período constituyente en aspectos muy fundamentales de la estructura jurídico-política y administrativa, así como de los derechos y garantías civiles más básicos.
De hecho, las instituciones del Estado de Derecho están siendo carcomidas por el cáncer de la politización venal: desde el Tribunal Constitucional al llamado Poder Judicial, las múltiples administraciones públicas, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los sindicatos, etc. Cuando alguno de los miembros de estos cuerpos y magistraturas se atreve a actuar en conciencia, siguiendo imperativos de justicia, patrióticos que no ideológicos, resulta inmediatamente anulado por los poderes de la secta todopoderosa, de modo que los demás quedan advertidos de las consecuencias que tiene el desafío a las estructuras imperantes del pensamiento único o corrección política.
La masificación y degradación progresiva del profesorado universitario mediante la designación digital de millares de profesores ha producido, como era de esperar, el hundimiento generalizado del nivel académico, coincidente por otra parte con la proliferación de centros universitarios. A lo largo de la democracia la universidad se ha convertido en la mayor factoría de parados de la Nación. De la enseñanza no universitaria, mejor no hablar. Basta con escuchar a los profesores universitarios quejarse de que los alumnos de nuevo ingreso llegan cada curso en peores condiciones. Y lo que tendría que ser la gran esperanza, la formación profesional, ha quedado relegada a un discretísimo segundo plano en un país confesionalmente socialista y obrero. Paradojas de la vida.
Las sucesivas reformas de la legislación penal han conseguido poner el mundo al revés, de modo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas son quienes tienen obligación habitual de demostrar su inocencia, a la hora de responder a actuaciones real y materialmente criminales, al tiempo que asesinos y ladrones acreditados reciben prebendas y cargos públicos. La policía, la guardia civil, etc. sólo recuperan su condición de agentes del orden cuando se trata de proteger la “nueva normalidad”: el género, la memoria histérica, y la honorabilidad de los impresentables que ocupan las magistraturas políticas del Estado. De este modo, se han convertido en auténticos funcionarios con pistola, que sólo buscan conseguir puntos que les permitan lograr un destino mejor, o hacer amigos entre el alto mando, completamente politizado, con el mismo propósito.
Para mantener a la inmensa clase política, creciente y voraz, y a sus clientelas, ya territorializadas en función de las diversos cacicatos autonómicos, se inició una escalada en el empleo y el gasto público, lo que se ha materializado en un déficit estructural de los Presupuestos, a niveles de endeudamiento que ya se sitúan por encima del 100 % del PIB y, por supuesto, al incremento incesante de la presión fiscal. El desvío permanente de la mayor parte de la renta nacional hacia el gasto público convierte en una entelequia la posibilidad de auténtica inversión productiva privada. La fiscalidad demencial, la rigidez de la contratación laboral y el servilismo político de los agentes sociales ha convertido el desempleo en el principal y permanente problema de nuestra economía. Y ante él, los sobreros de la política que nos gobiernan han optado por renunciar al pleno empleo a cambio de protección social, si hace falta de una renta universal. Lo triste es que muchos entre nosotros están dispuestos a renunciar a su libertad y a su dignidad de hombres a cambio de que el poder público los mantenga.
En el ámbito del espíritu, creo que sobran los comentarios. La identidad cristiana, que históricamente fue el crisol de la Nación, se ha evaporado en términos de conciencia colectiva. El patriotismo es, en la mente de todo español más o menos víctima de la LOGSE o derivadas sucesivas, algo equivalente al fascismo, ni más ni menos. En cambio, un militar dirá pomposamente aquello de “mi patria es la gente”, y un político “mi patria es la libertad” o que “la nación es un concepto discutido y discutible”. La conducta de las sedicentes autoridades del Estado en relación con los sediciosos es por sí misma muy significativa.
La transición política ha puesto en marcha en España un proceso de autodestrucción que está cubriendo ya sus últimas etapas. En estos momentos ya es patente nuestro hara-kiri histórico como nación. ¡Y esto es lo que convencionalmente se ha vendido al resto del planeta como modélico¡ Hasta ahora nos lo han comprado, por cuatro perras y… probablemente aguantándose la risa ante nuestra estúpida pedantería. Ahora somos nosotros los que compramos un nuevo modelo de transición, hacia el socialismo revolucionario que es la verdadera democracia, y la patente nos la venden los jerifaltes bolivarianos, a través de una franquicia a lo Quisling llamada Unidas Podemos que ha resucitado el espectro del comunismo en versión bolivariana o latina.
O tempora¡ O mores¡
