Soy jurista, de profesión y de vocación, aunque cada día estoy más desengañado de la ¿ciencia? del Derecho.
La llegada al gremio de nuevas manadas de trepas, de vividores, de alcahuetes jurídicos, mamporreros del Derecho, ha dado lugar a una nueva fauna, que yo llamo los esbirros jurídicos.
¿Qué es un esbirro jurídico…?
La acepción tercera del Diccionario de la Real Academia define al esbirro como la “Persona que sigue servilmente a otra por dinero o por interés”.
También llamadas leguleyos, que según la acepción segunda del DRAE es la “Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente”.
Desde hace años, creo que décadas, vengo peleando, jurídicamente hablando, con esa troupe, formada por advenedizos, carentes de formación y de principios, en la mayoría de los casos, pero que como los lagartos, tienen una gran afición a colocarse al lado del sol que más calienta.
Muchos de ellos ocupan altos cargos, de confianza (de confianza de los políticos con mando en plaza, claro), con nombramientos a dedo, que hacen que no puedan tener criterio propio sobre nada, salvo que quieran ser cesados rápidamente.
Estos, en el fondo, me dan pena, y muchos de ellos tienen cargas familiares, hipotecas o alquileres que pagar, etc., que hacen que para ellos el Derecho sea algo instrumental, maleable siempre en beneficio de sus amos.
¡Y no hablo de la Justicia, porque una buena parte de ellos desconocen qué es la Justicia, o les da exactamente igual!
Recuerdo la definición de Justicia de Santo Tomás de Aquino, que creo es la más acertada: “Justicia es dar a cada uno lo suyo”.
Pero lo que me resulta realmente repugnante, es la existencia de altos funcionarios jurídicos, de élite, que se venden al mejor postor, a cambio de ascender más en su carrera, cobrar mayores complementos retributivos o disfrutar todavía de más privilegios.
Esos, deberían estar todos en la cárcel.
¿Cómo es posible que un funcionario, que tiene estabilidad laboral de por vida, acepte venderse, no por un plato de lentejas, sino de jamón de jabugo…?
El poder político es tan discrecional, arbitrario y prevaricador (y la prevaricación administrativa es un delito), que puede hacer que una triste funcionaria del INEM, harta de poner el sello de caucho en las cartillas de los parados, pueda acabar presidiendo el Consejo de Estado, nada menos.
O que se nombre vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales a auténticas acémilas jurídicas.
Y no hablo del Presidente actual, pues ya sabemos todos que es un falso doctor en economía.
¡Será “doctor” en la economía de su casa, pues hay que ver qué bien les va a Begoña y Pedro, “conseguidores de dinero público”!
Sánchez es una clara demostración de que nadie debería ser Presidente del Gobierno sin tener unas mínimas nociones jurídicas, que son las que se adquieren, o se deberían adquirir, en la licenciatura, o actual grado, en Derecho.
Y eso, como mínimo.
El derecho debe embridar el poder.
Esa es la fuerza del Derecho.
Cuando el régimen comunista sanchista decretó varios estados de alarma, en realidad de excepción, a la luz del artículo 116 de la Constitución, fuimos muy escasos los juristas que nos atrevimos a decir en público, de palabra o por escrito, que el Gobierno en realidad había decretado un estado de excepción (art. 116, 3), algo que no podía hacer, pues para ello precisaba la “previa autorización del Congreso de los Diputados”.
Congreso de los Diputados que cerró el mismo gobierno dictatorial, asumiendo así los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y haciendo reales decretos leyes como si fuera una churrería jurídica.
Y el Rey, que creo es Licenciado en Derecho, firmó todo lo que le ponían encima de la mesa, faltaría más.
El PP, por su parte, apoyó al PSOE, aplaudiendo hasta con las orejas.
En otras palabras, que los juristas españoles tenemos lo que nos merecemos: un gran desprestigio social.
En otras palabras, abogo por los buenos juristas, y por el destierro a cualquier infierno comunista de los leguleyos palanganeros del poder, que son cómplices de la situación, cuando no cooperadores necesarios, como agentes activos para la instauración de un régimen comunista en nuestra Patria.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor