El pasado 2 de abril de 2020, Juan Carlos Segura Just, publicaba en www.elcatalan.es un magnífico artículo titulado “Pandemia y comunismo”. En él se nos recuerda cómo el comunismo pasó de ser una utopía defendida por grupúsculos marginales de revolucionarios profesionales a convertirse en la realidad de un régimen totalitario, inhumano y liberticida. La tesis que se plantea es decisiva a más no poder en la actual coyuntura que atravesamos: esta ideología “para desarrollarse necesita hacerlo en el marco de una sociedad descompuesta y debilitada económicamente, en la que la pobreza abarque amplios sectores sociales, generando lo que ellos denominan “el proletariado”, que al no tener ninguna perspectiva de mejorar su estado de pobreza, se entrega plenamente a los comunistas, porque se supone que estos son los únicos que les pueden sacar de esa situación”.
Está lógica perversa que ha llevado siempre al comunismo a aprovechar los momentos de debilidad, de crisis especialmente aguda, como la que ahora nos aqueja con la epidemia, para asaltar las instituciones del Estado y hacerse con el control de los resortes del poder, aparece ya esbozada, de forma aparentemente contradictoria con el teórico determinismo del socialismo científico, en algunos escritos de Marx, pero fue Lenin el primero en emplear esta táctica durante la Revolución de octubre de 1917, cuando ordenó a los soviets, los “comités del pueblo” integrados por obreros de promover las deserciones masivas en el ejército imperial, tratando de que Rusia se viese derrotada por Alemania en la guerra y, de este modo, sacando partido del estado de miseria del pueblo ruso, derribar el gobierno y, por ende, el Estado ruso, con el zar a la cabeza, a fin de implantar el régimen comunista de la dictadura del proletariado. Es en ese contexto donde surge una célebre consigna de Lenin con la que los españoles nos hemos familiarizado no ha mucho tiempo: “cuanto peor, mejor”.
Lo curioso es que, como derivada sucesiva de estos mismos hechos, surge en el otro país beligerante, Alemania, el fenómeno de la revolución espartaquista. “En mayo de 1918 un millón de soldados alemanes que estaban infectados por la mal llamada «gripe española», fueron trasladados para curarse a Alemania, o se fueron de permiso y transmitieron la enfermedad, que hizo estragos entre la población civil. Al acabar la guerra con el armisticio de noviembre de 1918, la sociedad alemana sufrió una profunda depresión económica, a la que hubo que añadir la expansión de la gripe por todo el país, a la que se denominó «Blitz katarrh» (catarro relámpago) y «Flander fieber» (fiebre de Flandes) porque la transmitían los soldados que venía del frente belga. Con la memoria fresca de la revolución rusa, y aplicando la táctica leninista del «cuanto peor, mejor», Rosa Luxemburgo y Karl Liebnecht fundaron la «Liga Espartaquista», que después se convirtió en el Partido Comunista de Alemania (KPD), con la intención de reeditar la revolución rusa en Alemania, pero el intento fracasó porque los «Freikorps» o Cuerpos francos o libres, formados por soldados veteranos de la guerra, aplastaron la intentona golpista y revolucionaria”. Lo triste del caso es que la gran mayoría de esos valientes soldados no sabían que había sido precisamente el estado mayor del ejército alemán, con el general Ludendorff a la cabeza, quien había hecho posible el primer triunfo de la revolución comunista a nivel mundial, facilitando el salvoconducto a los revolucionarios desterrados y confinados principalmente en Suiza, y facturándolos por ferrocarril en el tristemente célebre “vagón sellado”, bien cargadito de virus revolucionarios, hasta la frontera finlandesa, con el único propósito de destruir el Estado ruso, quitándose así de un plumazo el frente oriental.
Pues bien, existen indicios muy claros de que los tiranos marxistas, de toda laya, roja o morada, que desgobiernan España están aprovechando la calamidad que padecemos para reforzar, consolidar y completar su dominio totalitario sobre la sociedad. En anteriores posts hacíamos referencia a las propuestas de Teresa Rodríguez sobre la confiscación de depósitos de ahorro con vistas a la instauración de una Banca Pública. El diario El Economista, en su edición del pasado 31 de marzo de 2020, confirmaba que el vicepresidente segundo del sedicente gobierno de España, D. Pablo Iglesias Turrión, en alguna de las intervenciones públicas que ha realizado recientemente en su condición de tal ya defiende abiertamente la necesidad de nacionalizaciones de empresas y de “socialización” de los citados depósitos bancarios.
La excusa les ha llegado, al parecer, en bandeja de plata. Como apunta Juan Carlos Segura en el artículo que estamos comentando, “la crisis que está generando en marzo de 2020 la pandemia del coronavirus en España, puede desembocar en una gran depresión económica, en la que los índices de paro pueden alcanzar niveles nunca vistos, provocados por el cierre de muchas empresas. Si esto ocurre y todos los indicadores van en ese sentido, vamos a tener que atravesar una crisis económica que va a justificar la toma de decisiones gubernamentales de tipo intervencionista”.
Los analistas del artículo de El Economista a que hacíamos referencia párrafos atrás y algún que otro constitucionalista – profesor de Derecho Constitucional, quiero decir -, cuestionan la interpretación interesada que nuestro Lenin particular hace del artículo 128.1 de la vigente Constitución: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La verdad es que nuestra experiencia reciente sobre lo que sucede en este país – finalmente, nada o casi nada – cuando una autoridad pública vulnera la Constitución no ofrece muchas esperanzas. En cuanto a la incompatibilidad con el Tratado de Roma y, por ende, con todo el Derecho comunitario derivado, nadie la pone en duda, pero, considerando también nuestra experiencia más reciente, ¿tendremos que esperar a la quiebra total del país para que nos rescaten como a Grecia, sabiendo además que una intervención en forma de rescate es lo peor que nos puede suceder como país desde el punto de vista económico?
De todas formas, me gustaría llamar la atención sobre otro aspecto que ya tenemos aquí, sobre la mesa, y que se encuentra precisamente en el primer inciso del apartado siguiente (2) de ese mismo precepto constitucional: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”. Pues bien, la interpretación unánime y reiterada de la jurisprudencia constitucional e incluso de la Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal Supremo, es que la iniciativa pública en la actividad económica ha quedado consagrada a nivel constitucional al mismo nivel que la iniciativa privada, con explícito rechazo de lo establecido en el ordenamiento preexistente que, al menos sobre el papel, reconocía la vigencia del principio de subsidiariedad y, por consiguiente, que la intervención pública únicamente podía entenderse justificada, bajo la primacía incontestada de la iniciativa privada como fundamento de la actividad económica, con carácter supletorio, cuando ésta careciera de medios o recursos suficientes para atender la necesidad social de que se tratara, y en todo caso con carácter excepcional y a priori provisional. Personalmente, considero que el reconocimiento al máximo nivel normativo (constitucional) del principio de subsidiariedad en la actuación de los poderes públicos, también aunque no exclusivamente en la economía, acompañado de la adecuada instrumentación de su garantía jurídica en virtud de leyes integradas en el bloque de la constitucionalidad (orgánicas) y, por tanto, funcionalmente vinculadas a la garantía de los derechos fundamentales, constituye la principal barrera o muro de contención que puede válidamente oponerse a la eventual deriva totalitaria de un Estado moderno. Cuando hablamos de subsidiariedad, por supuesto, hablo de las relaciones entre el Estado, y otros poderes públicos de ámbito regional, municipal, etc. con respecto a la sociedad; cuando se habla de subsidiariedad entre poderes públicos de ámbito más o menos amplio, de nuevo acudo a nuestra experiencia en los últimos años, se nos está tomando el pelo como pueblo libre. El Estado puede, sin duda, invadir indebidamente el ámbito de actuación de otras Administraciones de ámbito territorial más limitado, pero además de que tenemos un ingente aparato judicial y al propio Tribunal Constitucional, dependiendo del rango de la norma o actuación de que se trate, ocupado en resolver los posibles conflictos de competencias, al final lo que a mí me preocupa es si esa vulneración del orden de competencias supone, además, un secuestro de la esfera propia de libertades sociales propia de una comunidad más reducida, o incluso de los hogares que la componen.
Termino ya con una última cita del artículo de Segura Just. Recuerden lo que les contaba de Ludendorff y también en la triste figura de Kerensky, piensen en nuestra situación actual, y en la trayectoria previa de ciertos personajes públicos conspicuos que muy recientemente han afirmado públicamente una cosa, para al poco tiempo hacer otra totalmente opuesta, a veces esa misma que se habían comprometido a no hacer bajo ningún concepto, con el único propósito de retener a toda costa el ejercicio del poder en sus manos. “Los comunistas son como los bárbaros, porque necesitan a un traidor que les abra la puerta. Esperemos que el presidente del Gobierno sepa anteponer los intereses de la nación española, y no se deje llevar por las veleidades trasnochadas de sus socios de gobierno, portadores de ideologías caducas, que lo único que pretenden es atentar contra nuestros principios democráticos, que hasta ahora nos ha garantizado el Estado de Derecho”.
