Hay muchos culpables, por omisión
Todos los medios de comunicación han informado debidamente de lo que sucedía, presuntamente, en el centro de menores de Ateca (Zaragoza), y la valiente decisión de una Jueza de Calatayud, cerrando temporalmente el centro, y mandando a prisión provisional a su director, dos supuestos “educadores”, y otros dos empleados.
Al tiempo, los partidos de izquierdas, y los sindicatos del pesebre, han alzado el grito, diciendo que los centros de menores deben ser públicos, como sucede con las prisiones, por ejemplo…
Pues, al fin y al cabo, en ambos tipos de centros los usuarios permanecen en régimen cerrado.
No creo que esa sea la solución ni mucho menos, pues todo lo público cuesta bastante más que lo que se gestiona privadamente, por medio de conciertos y concesiones administrativas…, siempre que haya un control, inspección y supervisión, que a juzgar por los resultados, al menos a priori, está claro que no han existido.
Todas las instituciones, con competencias sobre la materia, se lavan las manos como Pilatos, y al final va a resultar que son los propios menores los culpables de su triste situación.
- El Gobierno de Aragón, que manda mucho, pero no gobierna nada, por supuesto no se ha dignado inspeccionar esos centros, exigir las titulaciones a los supuestos educadores, que por supuesto no tenían, etc.
Y esta responsabilidad, al menos por omisión, es también predicable respecto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS, que pagaba puntualmente al centro, alrededor de tres mil quinientos euros diarios, que se dice pronto, según la prensa regional, pero pasaba de todo.
- La Fiscalía de Menores, que tiene la obligación de velar por los derechos de esos menores, tampoco está claro que hayan hecho algo para inspeccionar los centros, visitarnos, como se hace -o debería hacerse- con las cárceles, recibiendo las quejas de los internos, etc.
- El Justicia de Aragón acaba de publicar un lacrimógeno artículo en la prensa, diciendo que ellos están para lo que haga falta, y que recibirán cualquier denuncia sobre el particular, como si fueran el juzgado de guardia, o la fiscalía de menores.
(Hay instituciones que necesitan justificar su existencia, vistos los nulos resultados de su labor, y lo costosas que nos resultan a los contribuyentes).
- El Colegio de Educadores Sociales de Aragón, dicen que quieren comparecer como acusación particular, pero no me consta que hasta la fecha se hayan preocupado de que en ese centro no hubiera educadores de verdad, titulados…
Al parecer, eran unos argelinos y algún rumano… ¡Por lo visto en España no hay jóvenes titulados, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, etc., con ganas de trabajar!
Pero claro, serían más baratos esos individuos, carentes de una mínima formación para desempeñar una labor tan problemática e importante.
- La guinda es la decisión del Gobierno de Aragón de querer personarse como acusación particular, cuando ellos serán, y eso como mínimo, responsables civiles subsidiarios.
Así es Aragón. Y así es España.
Cuando pasa algo, sobre todo de extrema gravedad, como sucede en el caso que nos ocupa y preocupa, todo el mundo se lava las manos, e intentar echar las culpas a otra institución.
O a los propios interesados, aunque sean las víctimas.
La cuestión es escurrir el bulto, y llamarse a andana.
Estoy seguro de que el poder judicial cumplirá con su deber, como ya lo ha hecho, y la espada de la justicia caerá sobre quienes tenga que caer.
Pero no olvidemos las responsabilidades, al menos por omisión, de todos los que no han cumplido con su deber, y hecho lo que debían hacer: supervisar, inspeccionar y controlar el buen funcionamiento de esos centros.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
