Me ha extrañado no ver a Pedro Sánchez en la toma de posesión, o más bien del poder, del tirano y genocida Maduro, en Venezuela, como si han ido los de Izquierda Unida, parece ser.

Al fin y al cabo, Sánchez, de mayor, quiere ser Maduro, y dominar todos los poderes del Estado, de forma que su voluntad sea no la ley sino la “Constitución”.

(Me recuerda a los críticos a Franco, que decían que España era una democracia orgánica, porque solo se hacía lo que le salía de salva sea la parte al General).

El único fin que persigue Sánchez es perpetuarse en el poder y atacar al débil Estado de Derecho que tenemos, para impedir que las corrupciones de toda su familia, padres, esposa, hermano, y de él mismo, se investiguen debidamente.

Y se juzguen, en su caso, y en su día.

Parece que sus asesores jurídicos áulicos, no sé si Conde-Pumpido, Bolaños, o algunos de sus más de ochocientos asesores, han diseñado una estrategia, en la que la mejor defensa es un buen ataque al Derecho, y a los Jueces, como poder independiente, que investiga y persigue los delitos, con varios frentes o tácticas:

Suprimir, por la vía de hecho, las acusaciones populares, lo que supone una violación del texto constitucional, que establece claramente en su art. 125 que: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular…”. –

Se pretende para ello reformar la ley de enjuiciamiento criminal, de forma que donde dice Diego, diga digo, y aquí paz, y después gloria.

¿Cuántos delitos no se hubieran conocido en España, de no existir la acusación popular…?

Dar el monopolio de la acción penal a los Fiscales, con una fiscalía totalmente controlada e intervenida por el régimen totalitario-comunista sanchista, con lo cual, muerto el perro, se acabó la rabia.

Impedir que sean investigados los delitos que sean “denunciados” por los medios de comunicación social, con lo cual la actividad investigadora de esos medios (y me refiero, sobre todo, a los digitales, que son los más que más investigan), la publicación de hechos presuntamente delictivos comunicados por los ciudadanos, etc., no sirva para nada, etc.

He sido fiscal durante más de una década de mi vida, y no está de más recordar que hay una circular de la fiscalía general que establece que la “notitia criminis” puede recibirse por cualquier medio, incluso un simple anónimo, y que el fiscal correspondiente debe ver si los hechos pueden tener relevancia penal o no, para investigarlos, en su caso.

Pero, en una nación donde el fiscal general del gobierno, que no del Estado, está siendo investigado, y sigue sin dimitir o ser cesado, ¿qué podemos esperar…?

Se presenta un proyecto de ley para impedir las demandas y denuncias abusivas, en el colmo del cinismo…

Pues deberían aplicarse su propia medicina, y dejar de demandarme, que tengo en mi contra varias demandas por el supuesto derecho al honor y a la intimidad de José Luis Ábalos Meco y su banda (organización criminal, según la Audiencia Nacional), por el caso de las mascarillas.

¡Y a pesar de tener ya cinco sentencias a mi favor, acabo de recibir la notificación del recurso del ex ministro y secretario de organización del PSOE contra la sentencia de instancia desestimando totalmente su demanda, e imponiéndole las costas correspondientes!

Es el poder, y los poderosos, quienes acuden alegremente a los juzgados, para perseguir a quienes osan criticar sus actuaciones irregulares, o denunciar sus presuntas fechorías.

En definitiva, se persigue investigar no a los denunciados, sino a los denunciantes…

Y en esas estamos, mientras la borregada sigue sin enterarse de nada, o pasando de todo, y no sé qué es peor.

Solo me resta decirles que estoy seguro de que la judicatura española, en su conjunto, y sin excepciones, cumplirá con su deber, y los pocos juristas que quedamos, libres e independientes, seguiremos aportando nuestro grano de arena a la consolidación y permanencia del Estado de Derecho en España.

Que así sea.

 

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

https://www.ramirograumorancho.com

Ramiro Grau Morancho