España se encamina hacia el  abismo, camino del sumidero de la historia, y es hora de decirlo, con total claridad.

Un presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aliado con lo peor de cada casa, comunistas, separatistas y terroristas de Eta, pero con otro nombre, Bildu, pretende subvertir el orden constitucional, y dar un golpe de Estado.

Contando para ello con la sin par complicidad –pues debemos hablar en términos de derecho penal-, de la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional, que muchos ya llaman “tribunal prostitucional”, dada su deriva en los últimos años…

La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales (art. 62, i), por lo  que resulta obvio que la amnistía no puede contemplarse, pues si se prohíbe lo menos, mucho más se prohibirá lo más: el “olvido” de los delitos, incluso de los no juzgados, en un totum revolutum que sólo beneficiará a los enemigos de España, como nación y como Patria.

La propia Carga Magna, en su título X regula la reforma constitucional, estableciendo en su art. 167, 1, que “Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras…”

En el  caso del Congreso, con 350 diputados, harían falta 210 votos, mayoría que, al día de hoy, no tiene ninguno de los grandes partidos.

El  citado artículo, en su núm.  2, indica que: “De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma”.

Dos tercios del Congreso suponen 234 diputados, cantidad que tampoco tiene ningún partido, o coalición de partidos.

Y, a mayor abundamiento, el  núm.  3 del artículo citado  dice que: “Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten,  dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

Es decir, sólo 35 diputados, en el  caso del Congreso.

Pues es evidente, y conviene no olvidarlo, que esos señores nos representan, por imperativo legal, pero no  pueden hacer lo que les dé la gana.

Y, mucho menos, vulnerar la letra y el  espíritu constitucional.

Sí así lo hacen, los españoles tendremos derecho a rebelarnos contra ellos, pues, cómo  decía Santo Tomás de Aquino, las leyes inicuas no deben ser obedecidas.

Creo que el Jefe del Estado, que el  Rey Felipe VI (art. 56 de la Constitución), y las Fuerzas Armadas (art. 8), “…constituidas por el Ejército de Tierra,  la Armada y el  Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, tendrán algo que decir al respecto.

Y que sea pronto, que mañana ya será tarde.

 

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

https://www.graueditores.com

Ramiro Grau Morancho