Ni la amnistía del 17 de octubre de 1977 ni la Constitución de 1978 hicieron posible la reconciliación de los dos bandos de la Guerra Civil, como se está diciendo estos días. Y eso no fue así, porque para estas fechas los españoles habíamos hecho la tarea y, con los defectos que se quiera, ya nos habíamos reconciliado hacía tiempo.

Y hasta he escuchado en alguna tertulia de radio que la amnistía de 1977 perdonó los delitos cometidos durante la Guerra Civil, “porque la palabra perdón no formaba parte del vocabulario del dictador”. Y en oyendo semejante payasada, añadí para mis adentros los versos de Cervantes:

“Y el que dijere lo contrario, miente…

Y luego, incontinente,

caló el chapeo, requirió la espada

miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.

Nada de nada, no saben nada, son unos ignorantes enciclopédicos. Y entre que unos no tienen nada en su cabeza y otros están llenos de complejos, se ha abandonado la búsqueda de la verdad, se ha dado la espalda a la historia y, a cambio, solicitan su carnet de modernos y progresistas, a base de escupir contra Franco.

Porque aquí no solo es la izquierda la que está manipulando su pasado con la ley de Memoria Democrática. Hace solo unos días he leído la promoción de un libro sobre la figura de Mariano Navarro Rubio (1913-2001), ministro de Hacienda (1957-1965) y gobernador del Banco de España con Franco, en la que le presentan “como un republicano que rezaba a la Virgen del Pilar, un pionero de la democracia parlamentaria y artífice de la Pre-Trasnsición”.  Y me pregunto yo: ¿Qué será la democracia que no sea parlamentaria? Y lo de la Pre-Transición… ¿Qué es, lo que es…? Pero les da igual, escriben sin sonrojarse y con un par, sin que se les caiga la cara de vergüenza, porque algunos ya han perdido hasta el sentido del ridículo.

Pero a lo que estamos Remigia, que se nos pasa el arroz. Apenas quedan españoles con autoridad moral, que se atrevan a decir que hasta aquí hemos llegado, porque para medrar no les importa escupir contra toda la generación de sus padres y abuelos.

Aquí todo el mundo a tragar y toda una tropa de “valientes” entregados a pisarle el rabo al león después de muerto. Ante semejante degeneración intelectual, se explica que los socialistas se atrevan a imponernosuna ley totalitaria como la de la Memoria Democrática, para que sea el poder político quien dicte lo que es verdad y mentira, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, bajo amenazas de sanciones gravísimas. Y lo grave no es que el tirano ya haya enseñado la cara, lo verdaderamente grave es que aquí no pasa nada…

Pues no, Carrillo se podía haber ahorrado el numerito de la peluca para entrar en España, porque su gravísimo delito en lo de Paracuellos ya había prescrito. La amnistía de 1977 no perdonó ningún delito cometido durante la Guerra Civil, por la sencilla razón de que, el 31 de marzo de 1969, se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al término de la Guerra Civil.

Y como la realidad es mucho más interesante que la ficción, este domingo nos vamos a ocupar en exponer el tratamiento del régimen de Franco con los delitos y con quienes fueron acusados de cometerlos. Hace poco más de un año, afirmé en este mismo periódico que Franco no fue ningún asesino, ni provocó ningún genocidio. Los condenados a muerte lo fueron por sentencia dictada por Consejos de Guerra, que procedieron con garantías para los procesados a los que condenaron a muerte. Y conviene recordar que, por entonces, la pena de muerte estaba vigente en muchos países con regímenes democráticos. Sin ir más lejos, nuestros vecinos, los franceses, abolieron la pena de muerte en 1981.

Así es que hoy me voy a ocupar de los presos, que tras cumplir su condena, quedaron en libertad. Y esto es de suma importancia, porque la reconciliación de los españoles, de buena o de mala gana, como no pudo ser de otro modo se produjo a medida que los presos del bando republicano salieron de la cárcel, volvieron a sus lugares de residencia y se encontraron con los del otro bando. Y fue con ese encuentro y con la convivencia en los años siguientes como se produjo la reconciliación, que hizo posible que trabajando juntos, España saliera de la miseria y se convirtiera en un país próspero en el que se podía vivir y progresar.

No hace mucho convoqué a unos cuantos colegas de Universidad para explicar el franquismo en cifras. El resultado ha sido la aparición de un libro titulado Los números de Franco, que ayuda a entender la realidad de lo que pasó durante esos cuarenta años. Y si ya sabíamos lo del milagro económico del franquismo, resulta que al poner los números sobre la mesa lo que se descubre, entre otras muchas otras cosas, es que lo del pregonado “desierto cultural del franquismo, porque toda la cultura estaba en el exilio” es mentira, como se demuestra en uno de los capítulos de ese libro. Así es que siguiendo la misma pauta, hoy vamos a meternos por las cárceles del franquismo pero buscando números, datos y documentos que nos muestren la verdad.

Lo mismo que sucedió con el número de las sentenciados a muerte, ha vuelto a ocurrir con el número de los presos. Frente a historiadores rigurosos, no han faltado algunos que han falseado el número de los presos, como es el caso de Briam Crozier, Max Gallo, Jacques Georgel o Tuñón de Lara.

Lo cierto es que el número de presos no fue ningún secreto de Estado, y tanto la Dirección General de Prisiones como el Instituto Nacional de Estadística ofrecen los datos a cualquiera que los quiera consultar.

En efecto, al acabar la guerra las cárceles se llenaron de presos. El año en el que más reclusos hubo en España fue el de 1940, exactamente estaban encarceladas 270.719 personas, 247.487 varones y 23.232 mujeres; bien entendido que en ese número se incluyen los presos comunes, porque hasta el año 1943 las estadísticas no distinguen entre presos comunes y presos no comunes.

Dos años después, en 1942, ese número se ha reducido a 159.392. Y en 1947 la población reclusa es de 36.379 personas, de los que 20.391 están en prisión por delitos comunes, y 15.988 permanecen en la cárcel por delitos no comunes.

Semejante reducción se debe a tres motivos. Como he dicho, ya expuse en otro artículo el número de presos ejecutados por sentencia judicial. Algunos también murieron en prisión de muerte natural. Pero el resto, la mayoría, cumplió la sentencia que les había sido impuesta. La rápida reducción de presos en tan pocos años no se debe a que las sentencias judiciales fueran leves, sino a la puesta en práctica de la reducción de penas por el trabajo y a los indultos.

En este artículo solo me voy a ocupar de los indultos, porque la redención de penas por el trabajo está perfectamente explicada por Alberto Bárcena en su libro Los presos del Valle de los Caídos, que desmonta todas las falsedades que sobre esa construcción se han vertido y cuya lectura es muy conveniente, en estos momentos en que se están utilizando todas estas falsedades para justificar la demolición de la Cruz más alta del mundo.

Precisemos, Franco no tramitó ninguna amnistía, sino que concedió indultos. Lo aviso, porque hasta un historiador como Stanley Payne se refiere a las “amnistías” de Franco, sin duda debido a una dificultad con nuestro idioma, más que a un error conceptual. El mejor biógrafo de Franco, Luis Suárez, expone el motivo: “Franco también explicó repetidas veces que no daría amnistía, porque esto hubiera significado el desconocimiento de los delitos”.

El primero de los varios indultos de Franco se concedió el 1 de octubre de 1939 y benefició a los militares republicanos, condenados a penas inferiores a seis años de cárcel. Pocos meses después, el 24 de enero de 1940, se crearon una serie de comisiones jurídicas militares especiales, encargadas de revisar las sentencias y con capacidad para confirmarlas o reducirlas, pero nunca para ampliarlas.

El 4 de junio de 1940, se concedió la libertad provisional a los presos políticos con condenas inferiores a seis años. El 1 de abril de 1941, con motivo del segundo aniversario del final de la Guerra, se indultó a los presos con sentencias inferiores a los doce años, lo que supuso la puesta en libertad de 40.000 presos. Meses después, el 16 de octubre de 1941, se amplió este indulto a los reclusos que tuvieran penas inferiores a los catorce años, por lo que salieron de las cárceles otros 50.000 presos. De manera que a finales del verano de 1942, ya habían recobrado la libertad las dos terceras partes de los presos que había en 1940.

En 1943 se concedió un nuevo indulto para los condenados a veinte años y en 1945 se concedió la libertad a todos los presos condenados por rebelión militar, que “no hubieren cometido hechos repulsivos para toda conciencia honrada de cualquier ideología”, lo que explica el descenso de presos no comunes en ese año de 1945 de los 36.581, a los 15.988 del año 1947.

El 1 de abril de 1964 se ordenó borrar de los registros los antecedentes correspondientes a los delitos indultados. El 10 de noviembre de 1966 se aplicó otro nuevo indulto a las responsabilidades políticas de cualquier clase, y por fin el 31 de marzo de 1969 se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, fecha en la Franco firmó el último parte de guerra: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos. La guerra ha terminado”.

Y entonces, después de lo expuesto, ¿A quién benefició la amnistía del 17 de octubre de 1977? Pues a los presos del GRAPO, del FRAP y sobre todo a los de la ETA. Consecuencias de las que no se suele hablar, a pesar de que han sido nefastas, pues al sembrar la idea de que asesinar salía barato, al no reconocer la amnistía como delito esos asesinatos, esto impulsó a los terroristas a seguir matando.

Y de esta avalancha de la sangre vertida por víctimas inocentes, también son muy elocuentes los números. ETA cometió su primer asesinato en 1968, el 7 de junio de ese año caía la primera víctima de ETA, el guardia civil José Antonio Pardines fue asesinado mientras regulaba el tráfico en una carretera de Guipúzcoa. Pues bien, hasta que se concedió la amnistía de 1977, ETA asesinó durante toda esa década a 73 personas. Y tras la amnistía, solo en los doce meses de 1978 los asesinados fueron 67, aumentaron a 80 al año siguiente y se elevaron hasta 90 en 1980. No hay más preguntas…

Javier Paredes

Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá

Publicado en Hispanidad – 28/11/2021

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