ASEGURAR EL VOTO
La primera tarea a emprender consistía en reformar la infraestructura electoral de Estados Unidos, en medio de una pandemia. Para los miles de funcionarios locales, en su mayoría no vinculados a ninguno de los dos partidos en liza, encargados de gestionar el proceso electoral, la necesidad más urgente era el dinero. Necesitaban equipos de protección como mascarillas, guantes y desinfectante para manos. Necesitaban recursos para sufragar los gastos de envío de tarjetas postales para informar a la gente de que podía ejercer su derecho al voto de forma no presencial (“en ausencia”) o, en algunos estados, para poder enviar las papeletas electorales por correo a todos los votantes. Necesitaban además en muchos casos contar con personal adicional y disponer de escáneres para procesar las papeletas electorales.
En marzo, los activistas pidieron al Congreso que enviara el dinero de ayuda de COVID-19 a la administración electoral. Lideradas por la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, más de 150 organizaciones firmaron una carta dirigida a todos y cada uno de los miembros del Congreso, solicitando la aprobación de un paquete de financiación pública para el proceso electoral por importe de 2 mil millones de dólares. La iniciativa fue un éxito: la Ley CARES, aprobada más tarde en ese mismo mes, comprendía 400 millones de dólares en subvenciones para los administradores electorales estatales. Sin embargo, el siguiente tramo de fondos de ayuda no se sumó a ese monto. No iba a ser suficiente.
Fue entonces la filantropía privada la que intervino para salvar esa brecha. Varias fundaciones contribuyeron con decenas de millones en fondos para la gestión del proceso electoral. La Iniciativa Chan Zuckerberg aportó 300 millones de dólares. “Fue un fracaso a nivel federal que 2.500 funcionarios electorales locales se vieran obligados a solicitar donaciones privadas para satisfacer sus necesidades”, dice Amber McReynolds, ex funcionaria electoral de Denver que dirige el National Vote at Home Institute, una institución no vinculada en principio a ninguno de los dos partidos en liza.
La organización de McReynolds, con tan sólo dos años de trayectoria previa, se convirtió de hecho en una especie de “caja central de compensación” para una nación que estaba luchando por adaptar sus procesos electorales a los nuevos tiempos. El instituto brindó a los secretarios de estado de ambos partidos asesoramiento técnico sobre un amplísimo abanico de cuestiones, desde qué proveedores utilizar para hacerse con el “menaje” necesario para el proceso, hasta cómo ubicar correctamente los buzones de votación por correo (ballot drop boxes). Los funcionarios locales son las fuentes más fiables de información electoral, pero pocos pueden pagar una secretaria de prensa, por lo que el instituto distribuyó kits de herramientas de comunicación. En una presentación al grupo de Podhorzer, McReynolds detalló la importancia de las papeletas de voto en ausencia para acortar las filas en los lugares de votación y prevenir una crisis electoral.
El trabajo del Instituto ayudó a 37 estados y a Washington D.C. a reforzar la votación por correo. Pero todas estas acciones no iban a valer para nada, si los votantes no se decidían a aprovechar la oportunidad, las nuevas facilidades ofrecidas para el voto por correo. Parte del desafío fue logístico: cada estado tiene diferentes reglas sobre cuándo y cómo se deben solicitar y devolver las papeletas. El Centro de Participación de Votantes, que en un año normal habría desplegado encuestadores de puerta en puerta para obtener el voto, puso en marcha una serie de “grupos de enfoque”, durante los meses de abril y mayo, para averiguar qué podría hacerse para que la gente votara por correo. En agosto y septiembre, el Centro envió solicitudes de voto a 15 millones de personas en estados clave, de las cuales 4,6 millones fueron atendidas. En correos y anuncios digitales, se instó a los votantes a no esperar hasta el día de las elecciones. “Todo el trabajo realizado a lo largo de 17 años se ha desarrollado con la vista puesta en este momento en que hemos logrado llevar la democracia hasta las puertas de los hogares”, dice Tom Lopach, director ejecutivo del Centro.
El esfuerzo tuvo que superar el mayor escepticismo en algunas comunidades. Muchos votantes negros prefirieron ejercer su derecho al voto en persona o no confiaron en el correo. Los grupos nacionales de derechos civiles trabajaron con organizaciones locales para hacer correr la voz de que ésta era la mejor manera de garantizar que se contara el voto. En Filadelfia, por ejemplo, los defensores de los nuevos procedimientos distribuyeron “kits de seguridad para votar” que contenían máscaras, desinfectante de manos y folletos informativos. “Teníamos que transmitir el mensaje de que este sistema era seguro, fiable y que se podía confiar en él”, dice Hannah Fried de All Voting Is Local.
Al mismo tiempo, los abogados demócratas se enfrentaron a una marea histórica de litigios preelectorales. La pandemia intensificó el enredo habitual de las partes en los tribunales. Pero los abogados también notaron algo más. “El litigio iniciado por la campaña de Trump constituía una pieza con la campaña más amplia y general desplegada con el propósito de sembrar dudas sobre la votación por correo, y se tradujo en la formulación de afirmaciones novedosas y el recurso a teorías que ningún tribunal había aceptado nunca antes”, dice Wendy Weiser, experta en derechos de voto en el Brennan Center. por la Justicia en New York University. “Se leen más como demandas diseñadas para enviar un mensaje en lugar de lograr un resultado legal”.
Al final, casi la mitad del electorado emitió sus votos por correo en 2020, una auténtica revolución en la forma en que la gente ha ejercido su derecho al sufragio. Aproximadamente una cuarta parte del electorado votó temprano en persona. Solo una cuarta parte de los votantes emitieron sus votos de la manera tradicional: en persona el día de las elecciones.
