La prensa es un elemento que, inicialmente, es ajeno a la propia política, pero que contribuye a esa formación de la voluntad popular que el sistema pretende dejar en manos de los partidos políticos. No olvidemos que a la prensa se le ha llamado «el cuarto poder», y ningún poder debe quedar ajeno al control partitocrático.

En 1937, el gobierno de Franco puso en manos de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS toda la prensa escrita que estaba en sus manos; había nacido la conocida como «prensa del movimiento».

El 19 de enero de 1937 Millán Astray funda en Salamanca Radio Nacional de España, una emisora de Radio a la que añade el adjetivo de «Nacional» por encontrarse en territorio nacional y prestar servicio a los nacionales y que pasó a depender de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, creada ese mismo mes y que en 1938 paso a formar parte también de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS.

Tras varias pruebas previas, el 29 de octubre de 1956 inicia sus emisiones de forma regular Televisión Española. Este medio dependía del Ministerio de Información y Turismo y, para gestionarlo, se creó en 1960 la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, que existió hasta el año 1981.

Como puede verse, ya los gobiernos de la época de Franco fueron conscientes del enorme potencial propagandístico de los medios de comunicación social, y de su influencia en la creación de estados de opinión.

Llegada la transición, desde finales de 1978, se crea el Ente Público RTVE que se estructura en tres sociedades: Televisión Española (TVE), Radio Nacional de España (RNE) y Radiocadena Española (RCE), entidad esta última que surge de fusionar la Red de Emisoras del Movimiento, la Cadena Azul de Radiodifusión y la Cadena de Emisoras Sindicales. Este Ente en 2007, pasó a denominarse Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. Así, todas las emisoras estatales de Radio y Televisión quedaban bajo el control de RTVE, un organismo público, cuya dirección es nombrada por el poder político y cuya neutralidad e imparcialidad han sido siempre muy cuestionadas por toda la sociedad. Recordemos que RTVE es administrada por 10 consejeros, 6 de ellos los elige el Congreso y los otros 4 lo hace el Senado. Estos consejeros se eligen en ambas cámaras por mayoría de dos tercios en la primera votación y, si no cuentan con el respaldo suficiente, por mayoría absoluta en la segunda.

Nos encontramos, tras todo esto, con la obviedad de que la partitocracia controla la radio y la televisión públicas del Estado, y algo parecido podría decirse de las correspondientes autonómicas.

En los años 80 también se produjo la privatización de la prensa escrita del Movimiento. La venta de algunos de ellos no estuvo exenta de ciertas polémicas (al pasar a ser propiedad de personas afines al PSOE, partido que se encontraba gobernando) pero, en general, supuso una pérdida de control político sobre tales medios. También en esa época aparecieron las primeras emisoras de radio privadas.

Así, había aparecido una prensa independiente ajena a los aparatos administrativos públicos. Entonces ¿cómo controlarla? La respuesta a esta pregunta es fácil: mediante el dinero. El sistema siempre ha intentado establecer ciertas reglas que recorten la independencia profesional de los periodistas, pero la posible resistencia de algunos de éstos ha acabado chocando con la triste realidad de que uno de los objetivos que ha de alcanzar necesariamente cualquier empresa privada (y la prensa en esto no es una excepción), es el económico.

Anualmente el gobierno destina unos 170 millones de euros a publicidad institucional y comercial, a los que hay que añadir otros 50 millones que gastan en lo mismo las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Se trata de un jugoso botín en cuyo reparto pueden no entrar aquellos medios de comunicación que no cumplan las directrices procedentes de la partitocracia; basta ver que el cierre del «grifo» institucional ya llevó a la quiebra en 1987 al diario «El Alcázar» por ser disidente. No existen normas ni criterios objetivos a la hora de ese reparto, ni existe transparencia en el mismo, permitiendo que los medios reciban más dinero cuanto más fieles sean al sistema partitocrático.

El clientelismo económico de la prensa se ha hecho especialmente patente desde la aparición del coronavirus, Covid-19, especialmente en la época del confinamiento. En ella los medios de comunicación tragaron con la censura gubernamental impuesta para decidir qué medios podían preguntar, qué periodistas podían hacerlo y qué preguntas podían hacerse (a veces, directamente, no las contestaban sin posibilidad de insistir), con unos soliloquios de Pedro Sánchez infinitos, tediosos y vacíos de contenido, con el incumplimiento por parte del presidente del gobierno y de su vicepresidente de las normas de seguridad que imponían a los demás ciudadanos (incumpliendo cuarentenas al estar infectadas sus mujeres, permitiendo el traslado de las mismas,…), con la suspensión ilegal de derechos constitucionales o con el cierre ilegítimo del Parlamento, y todo ello lo hicieron sin protestar, sin cuestionar y, muchas veces, sin informar de lo que pasaba o informando erróneamente. Pero esta manipulación informativa fue generosamente pagada con una subvención de 15 millones de euros con la que el gobierno «agradeció» su sumisión y su docilidad a los medios.

Como podemos ver, la prensa tradicional está perfectamente controlada por la partitocracia porque, al fin y al cabo ¿alguien mordería la mano que le alimenta?

La aparición de prensa digital ha traído aires de independencia en este cuarto poder. Al contar con una infraestructura relativamente pequeña ya no depende de los recursos económicos del estado. La guerra de la partitocracia contra estos medios utiliza como arma innovadora el desprestigio. Se crean noticias falsas y se difunden como si procediesen de esos medios; se limita o, incluso, se prohíbe el acceso de los medios díscolos a ciertas redes sociales o la difusión particular de noticias procedentes de esos medios a través de tales redes o se crean empresas, respaldadas por fuertes medios económicos, dedicadas a afirmar que las noticias contrarias al sistema partitocrático son bulos malditos. La estrategia es hacer guerra digital a la prensa digital para sembrar en el público la duda acerca de las noticias procedentes de medios no tradicionales y que no pierdan su preponderancia aquellos con son controlados mediante el dinero.

Cayo Suetonio (70-126), historiador romano de la época de los emperadores Trajano y Adriano, dijo que «En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres»; pues bien, si nuestro sistema pretende controlar la palabra y, con ella, el pensamiento de la sociedad, ya sabemos que su fin es que nuestro estado sea cada vez menos libre.

C. R. Gómez