Un estudio realizado por la Fundación MADRINA, ha revelado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llegará al 47% de las familias en riesgo de exclusión social. El estudio, realizado con 1.200 familias en riesgo de exclusión, ha puesto de manifiesto datos y evidencias que justifican la afirmación anterior.
Un 32% de los encuestados se encuentra en situación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que todavía no ha cobrado y que, por lo tanto, quedaría fuera de poder solicitar otra prestación social como puede ser el IMV.
Otro de los factores que ha descubierto esta fundación es que un 27% de las familias solicitantes conviven en un mismo domicilio con otras familias. Esto provoca que ambas familias no puedan ser perceptoras de esta ayuda de la Seguridad Social y desde la Fundación exigen que no se tenga en cuenta el domicilio y sí el libro de familia ya que “sería más justo y equitativo”.
Otro de los aspectos es el umbral económico para poder acceder a la prestación. De los 1.200 encuestados, un 11% sobrepasa en menos de 100 euros la cantidad máxima para acceder a la prestación. Aunque este límite sea, en muchos casos, inferior a 100 euros, estas familias cuentan con tres o más hijos a cargo, y no podrán acceder al IMV.
Muchas de estas familias cuentan que se encuentran en una situación de emergencia social al contar con bajos recursos económicos. Algunos de estos factores son: cobrar la prestación mínima, tener menos de 23 años y estar embarazadas o ser mayores de 65 años y contar con la prestación no contributiva (cuando no se llega a la cotización para acceder a la jubilación).
Otro de los factores que provocaría la exclusión a la hora de acceder a la IMV serían los contratos de alquiler de vivienda. Muchas familias no cuentan con un contrato de alquiler regularizado y comparten piso con otras familias. Al no poseer un contrato de alquiler de vivienda quedarían excluidas ambas familias.
Además, el estudio revela que otras muchas familias quedarían excluidos del acceso al IMV tras haber perdido su empleo por culpa del COVID-19 y encontrarse en un limbo entre no poder solicitar la prestación por ERTE ni ningún otro tipo de prestación social.
