El sedicente Gobierno de España ha aprobado con fecha 23 de junio de 2020 un Decreto-Ley con el que pretende poner fin a la enorme burbuja especulativa, alrededor de 430.000 megavatios, en la que se ha convertido el “mercado” de las energías renovables. Se trata de establecer requisitos más exigentes para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, fundamentalmente de solvencia o más bien de viabilidad de los proyectos correspondientes. Se afirma que esto se va a lograr a través de la convocatoria de subastas “como vía para bajar precios”, cuando tenemos la constancia de que las subastas que se han celebrado hasta ahora han sido el instrumento fundamental para la generación de un mercado artificial de circulación pseudofiduciaria, de carácter visiblemente especulativo, en torno a los permisos de acceso y conexión y las autorizaciones de los proyectos correspondientes. Se alude también a la regulación de nuevas figuras de negocio como la de los “agregadores independientes de electricidad”. Es de esperar que con esta expresión no se esté dando carta de naturaleza precisamente a los especuladores que, haciendo uso de los megavatios adjudicados en una subasta, se han dedicado luego a conseguir permisos de acceso y conexión a la red y autorizaciones administrativas de proyectos, para finalmente ejecutar una mínima parte de estos, desarrollando un pingüe negocio especulativo, su negocio fundamental en términos de volumen, a base de vender papeles a terceros. ¿Es esto un “agregador”? En Aragón, la “cosa” empieza por “F”, …y no es FERROVIAL. Y la “cosa” está compuesta en su buena medida por ex altos cargos del Gobierno de Aragón durante muuuchos años,… ¡Vivan las puertas giratorias¡ Sí, pero es que éstas sólo giran en una dirección, porque antes de entrar en la Administración muchos de estos señores no se dedicaban a los negocios, ni energéticos ni de otro tipo, precisamente.
Conocemos ya los resultados. Y al parecer, también los conoce el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la actualidad “existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW)”. Es decir, hay 7,1 veces más solicitudes de los megavatios que se necesitan hasta 2030 en España. Según el propio Gobierno, “hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%”.
El Gobierno considera que es “urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias”. Por eso, el Real Decreto-ley establece una serie de condiciones administrativas para la obtención de permisos. Los titulares deberán ir acreditando el cumplimiento de cada una de esas condiciones, entre ellas, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción durante unos plazos. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. Más o menos, todo esto ya existía de algún modo en la legislación vigente. No existía una declaración legal explícita de alcance general de caducidad automática de las autorizaciones, pero sí unos plazos de obligado cumplimiento en relación con las adjudicaciones de potencia a instalar en las subastas y la vigencia de los permisos de acceso y conexión. Esperemos que la nueva regulación ponga coto a estos desmanes, pero como siempre, además de buenas leyes es necesario una autoridad que las haga cumplir, y aquí no hay otra que demandar al operador del sistema y gestor de la red de transporte, Red Eléctrica de España, S.A.U., que ejerza seria y conscientemente la misión de regulador que le encomienda el ordenamiento jurídico. La legislación, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y sus disposiciones de desarrollo, a pesar de una prolija regulación, a veces excesivamente prolija, ha dejado grietas muy significativas en la regulación, y una de ellas, no poco relevante, es la que se refiere precisamente al procedimiento para la concesión de permisos de acceso y conexión a la red. Al final, no se están otorgando permisos de acceso y conexión a proyectos, por su idoneidad para el sistema eléctrico en su conjunto y por el valor añadido que aportan al territorio, sino que se ha creado, insistimos, una suerte de mercado secundario, patentemente especulativo, en el que se intercambian los derechos adquiridos en las subastas, y el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a la red acaba dependiendo de los derechos (potencia adjudicada en las subastas) de que dispone un determinado titular que, por otra parte, ha logrado acaparar una cantidad ingente de derechos a base de apalancamiento puro y duro, es decir, captando financiación de fondos e inversores ajenos por completo a los proyectos y revendiendo posteriormente los permisos y autorizaciones administrativas otorgados para la ejecución de tales proyectos.
Todo lo demás está muy bien: el nuevo sistema de subastas de renovables que, “de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico”. Pero mientras no se ponga coto a estos abusos todo será inútil. Lo de los “privilegios” de Endesa, Iberdrola y Naturgy en relación con los puntos de acceso y conexión correspondientes a las centrales térmicas que se están cerrando es el “chocolate del loro”. Estas empresas acaban siendo, al final, el colchón de seguridad para los especuladores, los compradores seguros del exceso de potencia adjudicada, con permiso de acceso y conexión, autorización administrativa y de construcción y demás,… en definitiva,”llaves mano”.
El Gobierno también ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En el Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios. Todo muy bonito, o en términos de la vieja Constitución de Cádiz, muy justo, pío y benéfico. El caso es que mientras no sepamos cómo queda finalmente la maravillosa e inminente “Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, es decir, cuál va a ser el marco jurídico en el que finalmente nos vamos a mover en términos energéticos en los próximos años, todo esto se queda en hojarasca. Antes de crear este maravilloso organismo, que viene a sustituir al anterior, después del varapalo del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los Planes MINER, podrían haber pensado en aprobar de una vez los dichosos Convenios de Transición Justa, que son los que están llamados a recoger e instrumentar medidas concretas en favor de los territorios más afectados por la descarbonización acelerada de la economía española. En esto llevan un retraso escandaloso, han puesto los bueyes delante del carro conscientemente, precipitando el cierre y la desaparición de las actividades ligadas al carbón y dejando para “más tarde”, para cuando se pueda, las soluciones de reestructuración y de desarrollo alternativo, por muchos organismos, comités y acuerdos que se hayan firmado y constituido con este propósito.
