Declaraciones entusiastas de la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz: “con los ERTE estamos taponando la destrucción de empleo”. Lo dice cuando en pocas semanas 2 millones de personas aproximadamente se han quedado sin empleo. El escenario macroeconómico más razonable y razonado para los próximos meses habla de una subida “relámpago” de la tasa de paro sobre población activa del 13 % al 30 %, que después se equilibrará en el entorno del 20 %.

Esta es la realidad. Aquí no se ha taponado nada, porque lo que de verdad importa tal y como está montada nuestra economía es la supervivencia de las empresas, y si a las empresas, sobre todo PYMES y autónomos, se les impide desarrollar su actividad, se les trata de tranquilizar con el chocolate del loro de las dos semanitas de “permiso retribuido recuperable”, y al mismo tiempo se les obliga a seguir pagando nóminas, salvo que soliciten un ERTE, en el que, por mucho que nos encontremos en una situación de emergencia sanitaria e inactividad impuesta, la causa habilitante de fuerza mayor del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores la puede echar abajo la autoridad laboral a la vuelta de la esquina, entonces… ¿qué? Porque eso ya está pasando, con algunas empresas conocidas, de cierta dimensión, y así nos lo hace saber la prensa a diario.

¿Y qué van a hacer las PYMES y los autónomos si se les ha ocurrido la genial idea de solicitar un ERTE, pensando que una pandemia es un evento de fuerza mayor, imprevisible e irresistible, y luego resulta que la autoridad laboral, o sea, el gobierno, dice que ni hablar, y les obliga a pagar los salarios con los correspondientes intereses, más cualquier otra cantidad que haya abonado la Seguridad Social como prestación o las cuotas sociales que no se hubieran ingresado a favor de ésta por razón del dichoso ERTE? Nadie pretende patrocinar los abusos, pero presumir de la genialidad de estas medidas supone simplemente dar muestras más que evidentes de desconocimiento no ya de las reglas fundamentales de funcionamiento de los mercados de trabajo, sino de la misma realidad de lo que es una empresa en España. Las PYMES y los autónomos se están quedando sin oxígeno, y no hace falta ser un lince para saber que lo primero que van a hacer es despedir trabajadores, si es que no cierran directamente su negocio por inviabilidad económica a medio plazo, y lo último que harán es crear nuevos empleos. Para eso está el Estado socialista-bolivariano feminista y antifascista para nacionalizar empresas, confiscar ahorros y emplear como mano de obra forzosa a todo hijo de vecino, con unas condiciones de trabajo que fijará, de nuevo, “el pueblo”, o como dice Pablo Iglesias “la gente”, es decir, el conglomerado político que se ha hecho con los resortes del poder.

Este panorama es aún más terrible si consideramos que España, a lo largo de los últimos cuarenta años, ha desmantelado su industria, ha reducido su agricultura y la actividad pesquera a la mínima expresión y ha asumido con entusiasmo el papel de un país de turismo y de servicios (no hablamos aquí de los llamados servicios avanzados, no es el caso y lo sabemos, fuera de contadas ingenierías y constructoras de gran dimensión). Para bien y para mal somos “el país de la pandereta”. Pues bien, la Presidenta de la Comisión ha instado a los ciudadanos europeos a no reservar paquetes de vacaciones con antelación por el momento. Somos el país con más infectados y fallecidos en términos relativos con respecto a nuestra población. Saquen ustedes mismos sus conclusiones.

Y es que no me negarán que para cualquier ser humano, en una situación crítica el instinto primero y fundamental es la supervivencia, hacer frente al peligro inmediato. Por lo tanto, si ve que la situación se hace irrespirable, cierra y punto. No se encuentra en condiciones de volver a desplegar una mayor capacidad productiva en el futuro, en el marco que está imponiendo el gobierno y el Estado a su servicio. Si cierra, los empleados van a la calle, y no volverá a contratar más. Si finalmente no cierra, es probable que recurra a la contratación mercantil de falsos autónomos, una nueva plaga que contribuirá significativamente a la precarización aún mayor de las condiciones de trabajo. El Estado que tenemos, o lo que queda de él, se está convirtiendo en una tiranía incontestable e incontestada a marchas forzadas, y ya está dando muestras de que pretende solucionar cualquier problema que se le presente obligando a las empresas a cumplir su carta ideológica o entregar sus medios de producción al “pueblo” (léase el Estado, el gobierno y todas sus terminales periféricas). Finalmente, sólo las grandes empresas, multinacionales en su mayor parte, podrán afrontar el envite. La verdadera riqueza generadora de renta, los medios de producción, se concentrarán cada vez más en grandes conglomerados y grupos económicos transnacionales. La propiedad privada que quede ya no podrá garantizar un nivel elemental de libertad. Del pacto colusorio entre el socialismo estatista y el capitalismo monopolista surgirá un orden económico, si es que puede merecer esa consideración, totalmente deshumanizado, en la que la persona, la familia y las agrupaciones naturales de base social no tendrán espacio de libertad alguno reconocido legalmente.

De todo esto ya nos alertaba Hillaire Belloc, en su obra El Estado servil (1913): “Todo lo que el pueblo inglés puede esperar es el mejoramiento de su condición mediante regulaciones e intervenciones venidas de lo alto, pero no mediante la propiedad, no mediante la libertad”. Pero entonces, ¿qué hacer? Ante todo, algo hay que hacer, no debemos aceptar pasiva o fatalmente esta deriva.

Algunas décadas después, en el arranque de la segunda posguerra europea y de todo un proceso histórico de reconstrucción, Wilhelm Röpke en La crisis social de nuestro tiempo (1950) indicaba que “la libertad económica y la competencia son postulados obvios, puesto que se trata de combatir en su raíz los males del colectivismo y del monopolismo, pero sólo son una parte de un amplísimo programa general”. La descentralización, entendida como concepto social y no como mera técnica administrativa de organización de las entidades estatales; el fomento de un urbanismo y de unidades de producción de escala humana, de un modo de vida y de las profesiones sanas desde un punto de vista social, natural, humano, en definitiva; la legislación encaminada a evitar los monopolios y las grandes concentraciones de capital – alguno pensará que todo esto ya existe, incluso a nivel comunitario, pero se trata de tomárnoslo en serio, esto no son recuerdos de un pasado ya superado, son riesgos actuales y permanentes, dada la condición humana de los agentes económicos– y la estrecha vigilancia o supervisión del funcionamiento del mercado a fin de garantizar el fair play – el mercado no es un orden espontáneo, sino regulado; en ausencia de regulación y de autoridades supervisoras de la competencia, lo que resulta espontáneo no es el mercado, sino las conductas colusorias, el abuso de las posiciones de dominio y toda la amplia panoplia imaginable de prácticas anticompetitivas-; la creación de nuevas formas industriales no proletarias– la vieja tarea pendiente de mejorar el régimen jurídico de los asalariados, aproximándolo al del contrato de sociedad, dentro del máximo respeto a la libertad de empleadores y empleados, pero en todo caso favoreciendo las buenas prácticas; huelga aclarar que esto nada tiene que ver con el recurso al fraude de los “falsos autónomos”-, corrigiendo los efectos perversos de una excesiva organización, especialización y división del trabajo; y, para esto último, volviendo a los distributistas, nada mejor que difundir la propiedad privada como garantía eficaz de las libertades sociales.

“La libertad económica – continúa diciendo Röpke – es, sin duda, una forma esencial de la libertad personal y premisa indispensable de todo orden social diametralmente opuesto al colectivismo”. El mismo autor alerta contra el falso camino de la “asistencia y seguridad social de las masas”, cuyo poder de seducción hemos ya experimentado durante décadas con la vigencia del denominado Estado del bienestar, fenómeno que pone de manifiesto la ceguera del hombre-masa contemporáneo que renuncia a su libertad, con tal de verse “liberado” de su responsabilidad, de su protagonismo personal en su propia vida, en su actividad económica, que gustosamente asume ese mismo Estado providente que le asegura la procura existencial (Forsthoff). Muy al contrario, tenemos que cruzar nuestra apuesta por “un Estado social en el que haya una gran mayoría de hombres que hagan una vida basada en la propiedad y en la facultad de escoger con independencia su esfera de trabajo; una vida que les proporcione independencia espiritual y material en el mayor grado posible, permitiéndoles así ser verdaderamente libres, sintiendo la libertad económica como algo natural”.

Entre tanto, seguimos teniendo un gobierno con 22 ministros, y una plaga de políticos y politiquillos que mantener a lo largo y ancho del territorio nacional, que siguen gravando y chupando la sangre a los que de verdad trabajan y producen para la comunidad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo están dispuestos a soportar los trabajadores en edad laboral de este país y los pensionistas el impuesto de lujo de un sistema político montado de espaldas a la realidad económica no ya de este país, sino de cualquier país sensato del mundo?