Se profesionaliza la función interventora en las Administraciones Públicas: bien. Se crean organismos de control externo, Cámaras o Tribunales de Cuentas, en todas las Comunidades Autónomas, que tratan de coordinar su labor con el Tribunal de Cuentas central, del Estado: pues vale, bien, podríamos discutir si los mecanismos articulados son los mejores, pero bueno, mejor esto que nada, si es para controlar la acción de gobierno y gobernar se traduce, al fin y al cabo, aunque no sólo, en gastar. Se llega incluso a reformar la Constitución, con el nuevo artículo 135, introduciendo la regla de oro presupuestaria y estableciendo así un límite constitucional a la posibilidad del gobierno de gastar más de lo que recauda – lo cual, si se piensa, no es sino puro sentido común -, con el propósito último de que el crecimiento de la deuda no ponga en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Se aprueba, en cumplimiento del nuevo mandato constitucional, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Como trámite parlamentario en la elaboración de las leyes de presupuestos se introduce la necesidad de aprobación previa del denominado “techo de gasto”. Y por si todo esto no bastara, se crea y pone en marcha la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Resultados: juzguen ustedes mismos. Fijemos nuestra atención, por esta vez, sólo en Aragón. La deuda pública se disparó en 1.841 millones en la pasada legislatura, a pesar o quizá precisamente por el aumento de la recaudación, con la mejora de la situación económica general. No dejan de ser trampas al solitario que se hace la propia DGA, pues en los últimos ejercicios, allá por el mes de julio ya se empieza a hablar de cerrojazo, que suele precipitarse inexorablemente como tarde a finales de septiembre o principios de octubre. Curiosamente los créditos que suelen dejarse de ejecutar, mayormente, son los de inversiones. ¡Qué casualidad¡ Si la ley de presupuestos de 2018 se aprobó a finales de febrero de 2018 y al año siguiente operó la prórroga automática, en ausencia de aprobación, ya pueden hacerse una idea del desaguisado. La DGA ha rizado el rizo, empeorando aún más el resultado de 2018, con las mismas partidas. Eso sí, venga rollos y más rollos de transparencia – ¿transparencia de qué? -, que en medio de esta tupida maraña de confusión no hacen sino garantizar una perenne opacidad.

Una vez aprobada la liquidación de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019, resulta que el déficit ha superado los 230 millones de euros, es decir, cinco veces más del límite permitido según las normas vigentes. A falta de que el Ministerio de Hacienda aplique los oportunos ajustes de contabilidad nacional, el desfase quintuplica con creces el límite establecido, que se había fijado en el 0,1 % del PIB aragonés, unos 37 millones de euros.

¿Y qué sucede? Nada. Los aragoneses no tenemos instituciones representativas, con autoridad propia, firme e independiente de los poderes públicos, capaces de hacer frente a la prodigalidad gubernativa. Esta borrachera de millones puede seguir así indefinidamente, porque no hay barreras, no hay valladares institucionales capaces de contenerla.

¡Qué tiempos aquellos, del 1.500, cuando las Cortes de Valladolid le negaban al rey Carlos I los subsidios que pedía para promover su candidatura al trono imperial¡

Este es nuestro verdadero reto constitucional, hoy y ahora: crear instituciones auténticamente representativas, dotadas de autoridad real, efectiva, frente a los desafueros de los poderes públicos.

 Javier Amo Prieto