He leído y estudiado cientos de informes de la Guardia Civil, unas veces por orden judicial o fiscal, y otras de oficio, y otras de motu proprio de la Benemérita, para cumplir con sus deberes constitucionales, legales y profesionales, colaborando con los juzgados y tribunales, y la propia fiscalía.
Y, por supuesto, me descubro ante todos y cada uno de ellos.
Particularmente los informes de la UCO son exhaustivos, brillantes, y demuestran lo concienzudo de su trabajo, y la gran cantidad de datos que aportan.
Por supuesto los Mandos y Agentes del Cuerpo son conscientes de que la valoración final de los mismos corresponderá al tribunal que juzgue el asunto, pero que una juez de instrucción se permita ponerlos en solfa, “por haberse extralimitado”, según ella, me parece muy pretensioso por su parte. ¡Ni que fuera el mediocre jurista Conde-Pumpido, que se cree el “Amo y Señor del Derecho”, cuando no pasa de ser un esbirro de Pedro Sánchez!
No compete al instructor poner a caldo a los Agentes de la Autoridad, pues es obvio que actuando así, les está quitando la autoridad que tienen, y poniéndoles a los pies de los caballos.
¿O es eso lo que realmente pretende, y, de paso, hacer méritos ante el “puto amo”, en palabras de Óscar Puente…?
La UCO tiene no solo el derecho, sino también el deber, de efectuar hipótesis, conjeturas, ofrecer su propia interpretación de los hechos, etc., a resultas siempre de la decisión final que deberá adoptar el juez correspondiente., con el informe de la fiscalía.
Pero es que un juez instructor no está para juzgar, sino para instruir, recabando el máximo de medios de pruebas posibles, las diversas versiones contradictorias, etc., para que luego el tribunal o juzgado competente celebre el juicio, con contradicción, imparcialidad, etc., y respetando los derechos de los investigados, ya acusados o procesados.
El tema de fondo es que esta señora pretende, ab initio, cargar toda la responsabilidad sobre la Generalidad valenciana, y no sobre la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, que tantos millones de euros nos cuesta a los españoles, o sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es una administración opaca, como todas las Confederaciones, o la propia AEAT, por ejemplo, pero que también mantenemos todos, con el fruto de nuestros impuestos.
Y esas dos administraciones están gobernadas por la PSOE, ¡y claro, no puede caer mácula alguna sobre ellas!, pues se nos iría al garete el discurso oficial.
Que la realidad no se imponga a tu propia ideología y convicciones, debe de pensar la juez instructora.
En mi modesta opinión, y extra muros del proceso, creo que estamos ante culpas compartidas, y debería investigarse a todos y cada uno de ellos, y luego, en el plenario, en el juicio oral, delimitar las responsabilidades de cada uno.
Pero no en la fase de instrucción, extralimitándose de sus atribuciones, e instruyendo con anteojeras, para ver solo lo que quiere ver.
Excuso decirles que no he tenido acceso a las actuaciones, y toda mi información se basa en lo publicado por medios informativos, en papel y digitales, pero también me consta que esta señora ha recibido una o varias querellas, y denuncias ante el CGPJ, precisamente por ese supuesto partidismo, del que hace gala. Presuntamente, claro.
No se puede instruir con anteojeras, repito, y teniendo una idea prederminada de las cosas, que la mayoría de las ocasiones termina siendo errónea.
¡Con instrucciones así, no hace falta que instruya la fiscalía del régimen comunista sanchista, pero el resultado ya está predeterminado por los que saben “lo que nos conviene”, o más bien, lo que les conviene a ellos”!
Espero que las partes personadas la recusen, y cuanto antes, mejor.
Ramiro Grau Morancho
Académico, jurista y escritor
