Se dice que son los vencedores los que escriben la historia. Y la escriben a su favor. Este parece ser un dogma de fe que nadie discute.
Nuestra dramática guerra civil y la conflictiva II República, en general, han sido, y son, el objeto de muchas películas, de directores y guionistas españoles, pero, también, extranjeros. Una importante manera de escribir la historia es a través del cine. Por supuesto, también libros y artículos. Ahí van unas cuantas películas.
Raza, J.L. Sáenz de Heredia, 1942; ¿Por quién doblan las campanas? Sam Wood, 1945; Sierra de Teruel, André Malraux, 1945; Bloqueo, William Dieterle, 1938; Sin novedad en el Alcázar, Augusto Genina, 1940; La vaquilla, L. García Berlanga, 1985; ¡Ay, Carmela! Carlos Saura, 1990; El espinazo del diablo, Guillermo del Toro, 2001; Dragon Rapide, Jaime Camino, 1986; Las bicicletas son para el verano, Jaime Chávarri, 1984; La niña de tus ojos, Fernando Trueba, 1998; Libertarias, Vicente Aranda, 1996; y un largo etcétera.
Si exceptuamos las películas exhibidas antes de la Constitución de 1978- y que supondremos que todas son favorables a los vencedores- ¿cuántas películas exhibidas después de 1978 son favorables a los vencedores? Prácticamente ninguna.
Espero que el lector reflexione sobre lo que dice Stanley Payne, -doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives- en referencia a España y sus historiadores:
En su libro, ‘El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936)’, afirma que, en contra de la creencia habitual, la Segunda República fue mucho más revolucionaria que democrática pues, más que concentrarse en la democratización política, abrió un proceso revolucionario que culminó en una guerra civil. Los primeros fallos -radicalismo, sectarismo y personalismo- fueron de los republicanos fundadores, y por su visión patrimonial de la República, que les llevó a defender que era de izquierdas y únicamente de la izquierda.
Según el periodista y escritor César Vidal, a pesar de los intentos de la izquierda de lavar lo que ocurrió en octubre del 34, desde el principio anunciaba que iban a la guerra. Muestras de ello, son las declaraciones de Indalecio Prieto el 3 de enero de 1934 a El Socialista: “Concordia no, guerra de clases’’. Hay que precisar que no todos los socialistas eran así. El grupo minoritario liderado por Julián Besteiro estaba en contra de esta violencia.
En la madrugada del 13 de julio, un grupo -policías de la escolta del socialista Indalecio Prieto- que viajaba en un vehículo de la Guardia de Asalto, entre ellos un capitán de la Guardia Civil, fue a buscar al diputado monárquico, Calvo Sotelo, a su domicilio. Lo asesinaron minutos después. Fue el comienzo de un proceso revolucionario que sembró España de centenares de muertos y culminó con el citado asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo. La Justicia republicana abrió un procedimiento para esclarecer el suceso, pero el juzgado de primera instancia e instrucción en el que se investigaban los hechos fue asaltado por un grupo de milicianos que robó los documentos.
A partir de Febrero/Marzo de 1936, se creó un clima de terror en el que la Iglesia católica era uno de los principales objetivos. Las acciones revolucionarias fueron ejecutadas por grupos extremistas de izquierda: los anarquistas con su sindicato, la F.A.I; los socialistas revolucionarios de Largo Caballero – el llamado Lenin español-, y los comunistas. Sin olvidar -en esta fobia anticatólica- a la masonería.
En estas circunstancias, hablar de democracia es una burla.
¿Qué pasa ahora, 2024, con un gobierno socialista, y sus socios comunistas, separatistas, golpistas y Bildu etarras? Los regímenes totalitarios siempre han pretendido monopolizar la verdad. En España, un gobierno teóricamente democrático, decide ‘la verdad histórica’, sancionando, a los que no la acaten.
Esto es un grave peligro para la libertad. ¿Te enteras, Alberto? Los políticos no deben dictaminar la verdad y falsedad históricas. Esto es típico de dictadores, como Pedro Sánchez. Los políticos democráticos dejan que los historiadores hagan su trabajo.
Este totalitario camino de la ‘verdad histórica oficial’ termina arrinconando- y sancionando- a los que no obedezcan. Los dictadores quieren súbditos obedientes, no ciudadanos. Esta basura antidemocrática ya fue utilizada por los jerarcas comunistas de la antigua Unión Soviética. Ahora, Pedro Sánchez.
Finales de julio 2024: ‘La asociación mayoritaria de magistrados (APM) denuncia a la UE los «ataques furibundos y personales» al juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez’. El presidente Sánchez se querella contra el juez Peinado, por prevaricación.
Cuando el gobierno impone la verdad histórica oficial, y no respeta la independencia judicial, entramos en terrenos antidemocráticos. Pero no se engañe, el verdadero problema no es el ‘puto amo’, sino los millones de borregos políticos que le votan. ‘Somos la izquierda’.
Me temo que no bastará con ‘gestión y moderación’, Alberto.
Sebastián Urbina