Llevo tres libros escritos sobre el fracaso anunciado durante ya décadas de la inmersión lingüística suplantando de manera autoritaria la lengua propia de cada individuo, aquella que marca su identidad y personalidad de linaje e historia.
Pero esta situación llega a imagen y semejanza de los totalitarismos en el siglo XX; bajo el paradigma de que la población ha de estar sometida a un poder despótico cuya legitimidad de ejercicio queda cuestionada por la práctica de la imposición de lenguas que no son las de la mayoría de la población en cada ente territorial en las que se aplican dichas políticas.
Durante todo este tiempo, desde la puesta en marcha de determinadas comunidades autónomas, se ha adoptado de forma absolutamente arbitraria y caprichosa la denominación de «lenguas propias» o/y «normalización lingüística”. Cualquiera de estas expresiones y otras como «N.A.S» (No Adaptados al Sistema, relativo a los profesores) con el que les catalogaba con una etiqueta que poco se diferenciaba a la estrella de David en la Alemania de los años 30 del siglo pasado, han reflejado las ideologías supremacistas a mi modo de ver inconstitucionales.
El sintagma «lengua propia» de un territorio implica negar la lengua propia de los individuos con el agravante de que los ámbitos geográficos no tienen lengua, la tienen sus comunidades lingüísticas, muchas de ellas por no decir muchísimas, que comparten diferentes expresiones lingüísticas acuñadas por el paso de los siglos.
Y el otro término, «normalización», alude, por contraposición al no reconocimiento de la normalidad de que se hable otra lengua distinta de la que supuestamente se normaliza, con el añadido de la semántica que conlleva de imposición del que normaliza a los que consideran anormales.
De esta guisa se da el absurdo de que en provincias como en la que vivo, Álava, donde el castellano o español, vigente por el paso de los tiempos, y el propio nacimiento de ese idioma universal en el occidente de la provincia, ha sido hablado en la práctica totalidad de la misma como lengua originaria; mientras que el vascuence ha sido la lengua claramente minoritaria, que no minorizada, como demagógicamente se ha venido afirmando durante mucho tiempo.
Pero no solamente ha ocurrido esto en Álava, sino en amplios espacios del ámbito de la Comunidad Autónoma.
Y así es que, como muchos informes estadísticos han revelado, el castellano o español ha sido sin la menor duda ni cuestionamiento la de uso abrumadoramente mayoritario en la población de cada uno de los ámbitos antes forales que hoy conforma lo que llaman Euskadi de forma inventada y nada histórica. Y pese a los excesos presupuestarios dedicados a la euskaldunización, el avance en el uso social ha sido inapreciable durante estas décadas últimas de “democracia».
Pues bien, yendo al elemento principal de este artículo:
Dos veces he estado en el Parlamento Vasco, en la correspondiente Comisión para la elaboración de una nueva ley de ¿educación?, a instancias de Vox. En ambas ocasiones, y tras escribir sobre esto en múltiples artículos de opinión, denuncié el fracaso de la inmersión lingüística obligatoria y generalizada, sus efectos letales para el éxito de nuestros escolares, y la bajada en picado de uno de los elementos principales cual es la «comprensión verbal para el aprendizaje escolar y para la adquisición de conceptos en lo que los pedagogos llamamos «malla cognitiva».
Los informes de la OCDE, llamados PISA o PIRLS, según si las pruebas diagnósticas se hayan aplicado en 4º de Primaria o en 4º de Secundaria, muestra un descenso espectacular tanto en la Comunidad Autonómica del País Vasco como en Cataluña. Lo saben, pero les da igual. Ellos van a paso marcial y sin mirar a los lados en su proyecto nacionalizador. ¡Y luego lo llaman a esto democracia! Observen el cinismo. Y los niños les importan un rábano. Y las pruebas que correspondían al año 2021, el Gobierno vascongado no ha posibilitado su aplicación. Es obvio por qué. Pura deducción.
Acabo de leer un informe del Diario de Navarra valorando los resultados PISA en la Comunidad Foral de Navarra. El paradigma se repite. Allí se están aplicando políticas de rodillo para «nacionalizar a las masas navarras» al igual que en su día se empezó a hacer en Álava algo más de treinta años antes. UPN, PP y demás caterva política han dado pie a que esto suceda, es decir a que lleguen a las instituciones los enemigos del pluralismo cultural y las libertades con el propósito de configurar la gran Euskal Herria. Es tan claro que explicarlo es considerar estúpidos a mis lectores.
¿Y cuál ha sido el efecto? Empiezo con la primera oración gramatical del informe del diario navarro: «Las notas de los alumnos navarros cada vez son peores». «En matemáticas, lectura y ciencias». (En el informe PISA).
Navarra era una Comunidad ejemplar en cuanto a la calidad del sistema educativo. Pues está en camino de dejar de serlo.
También Álava fue ejemplar, pero todo ha empeorado. Es una cuestión absolutamente obvia, y en mis dos comparecencias en el Parlamento ningún grupo político tuvo reparo en admitirlo mediante un silencio asertivo.
La muestra navarra del estudio ha sido la de una población de 1.700 alumnos provenientes de 50 centros, y pese al descenso en los índices la media está algo por encima de la del resto de España y de la Unión Europea; pero el estadístico revelador del problema que es el descenso de rendimientos da la proyección de un empeoramiento progresivo. Si a alguien le importara la mal llamada educación debería plantearse lo que están haciendo, pero van avanzando en su proyecto separatista sin detenerse a mirar el mal que están en proceso de producir.
En este contexto nada amable Bildu propugna extender la obligatoriedad de la inmersión lingüística a todo Navarra. Pues vale. Si la población lo acepta y no se resiste, cada cual tiene su responsabilidad y debe asumir las consecuencias para deshonra de generaciones enteras de padres y madres pueden no asumir que tienen la responsabilidad de buscar lo mejor para sus hijos, o que, simplemente, viven «en la higuera».
Demasiado tiempo he podido ver a padres que han utilizado, consciente o inconscientemente a sus hijos con fines políticos y eso es un ultraje al superior interés del niño contemplado en los textos internacionales de protección de los derechos del niño, inaceptable y denunciable.
Ernesto Ladrón de Guevara
