La sangrienta revolución de octubre de 1934, protagonizada por el PSOE en toda España y por ERC en Cataluña, terminó con el encarcelamiento de la mayoría de los responsables, con Companys y Largo Caballero a la cabeza de todos ellos. Algunos, como Prieto y Dencàs, evitaron la prisión huyendo a Francia. En el caso del último, escabulléndose por las cloacas de Barcelona.
El gobierno radical-cedista defendió la legalidad republicana frente a aquellos golpistas que reclamaron para sí la condición de salvadores de la República mediante el curioso método de liquidarla violentamente. Los doce meses que transcurrieron entre la fracasada revolución y su proceso en noviembre de 1935, Largo Caballero y otros dirigentes socialistas estuvieron presos en la cárcel Modelo, donde pudieron seguir reuniéndose las ejecutivas del PSOE y la UGT.
Si bien la mayor parte de los responsables fueron condenados a largas penas de prisión, Largo Caballero consiguió ser absuelto por las presiones del PSOE al Tribunal Supremo y las amenazas de estallido violento de las masas izquierdistas si se condenaba a su dirigente. El fiscal general de la República, Valentín Gamazo, indignado por dicha absolución, presentó acto seguido su dimisión. Ocho meses más tarde, recién comenzada la guerra, Gamazo pagaría con su vida y la de sus tres hijos, previa tortura, su labor como fiscal en aquel juicio.
Dos meses después de la absolución del Lenin español se celebraron las elecciones en las queel Frente Popular vencería tras mil fraudes y violencias. El primer punto de su programa reclamó la amnistía para todos los procesados por la revolución de octubre. Y, efectivamente, su primera medida fue la excarcelación de todos los revolucionarios, muchos de ellos condenados por delitos de sangre.
El presidente Alcalá-Zamora se escandalizó de que el Gobierno de Azaña se parapetase tras la excusa de la presión popular para poner en libertad, reincorporándolos a sus puestos de trabajo, a cientos de condenados por graves crímenes y anotó en su diario que “la prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua, y sí como una fase más de la guerra civil”.
Por su parte, Ramón González Peña, futuro presidente del PSOE y la UGT, pronunció un discurso radiado a toda España en el que declaró que “hay que seguir luchando por el triunfo definitivo del socialismo. Seríamos hipócritas si no dijéramos que no nos satisface el programa del Frente Popular. Aún no se ha aplicado la amnistía a algunos condenados por tenencia de explosivos y armas. Para una nueva revolución deben constituirse grupos de personas que no entiendan nada de juridicidad y puedan realizar una labor depuradora quitando malas hierbas”.
Por lo que se refiere a Cataluña, se restableció el suspendido estatuto de autonomía y Companys recuperó su sillón presidencial. Con estas decisiones, los gobernantes izquierdistas demostraron que en la Segunda República la ley y la justicia dependieron del interés de los partidos triunfantes en las urnas. Como explicó a menudo Sánchez-Albornoz desde su alta autoridad como presidente del gobierno de la República en el exilio, los gobernantes republicanos, “por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera”, prepararon el terreno para que Franco se sublevara.
Así comenzó la férrea complicidad, la íntima simbiosis entre la izquierda española y los separatistas. Juntos dieron el golpe de octubre de 1934. Juntos se presentaron a las elecciones de febrero de 1936. Juntos indultaron a los golpistas. Juntos lucharon en la guerra civil. Juntos compartieron exilio. Juntos organizaron en 1971 la Assemblea de Catalunya. Juntos se presentaron a las primeras elecciones democráticas de 1977 en la candidatura unitaria al Senado Entesa dels Catalans. Juntos han gobernado durante dé-cadas. Juntos han construido el régimen totalitario que asfixia Cataluña. Y juntos pretenden acabar con la Constitución de 1978 y la Monarquía.
Lamentablemente, y casi mágicamente, la historia se está repitiendo con desasosegante precisión y con notables ventajas para los golpistas actuales en comparación con los del siglo pasado. Los herederos de Companys –junto a los herederos de Cambó, no se olvide– han vuelto a dar un golpe de Estado. A diferencia de la suspensión del estatuto en 1934, Rajoy aplicó un artículo 155 de chiste y renunció al saneamiento de las instituciones totalitarias catalanas convocando elecciones inmediatas. La mayoría de los responsables fueron procesados y encarcelados. Unos pocos consiguieron burlar a la justicia escapando a Francia; en el caso de Puigdemont, no corriendo por las cloacas sino escondido en un maletero. Los golpistas pudieron seguir dirigiendo e incluso negociando con el gobierno desde sus celdas de Lledoners. Y desde el comienzo de su reclusión disfrutaron de privilegios penitenciarios imposibles para los demás penados. Las sentencias fueron escandalosamente benévolas debido a las presiones del PSOE en los pasillos y de las turbas separatistas en las calles. El gobierno social-comunista ha indultado a los golpistas, que han sido recibidos como héroes por las instituciones catalanas. Tras la voladura del Estado de derecho, la izquierda pisa el acelerador hacia su triunfo final, en colaboración con sus tradicionales aliados separatistas, mediante lo que llaman segunda transición, consistente enel derribo de la Monarquía, la liquidación de la soberanía nacional a través de un referéndum en Cataluña y la conversión de España en un Estado plurinacional, paso previo a su fragmentación definitiva. Y para camuflar todo esto y retener a aquéllos de los suyos cuya fidelidad pudiera flaquear, el gobierno desatará en los próximos meses una nueva oleada de envenenamiento antifranquista. Se admiten apuestas.
El reloj de España se ha retrasado un siglo. Nuestros gobernantes han vuelto a perdernos en la oscuridad de un laberinto peligrosamente parecido al de 1936.Veremos cómo salimos de él, porque de momento parece que la mayoría del pueblo español sigue sin enterarse.
Jesús Lainz
Publicado en Libertad Digital
