Las 50 centrales de ciclo combinado presentan una situación económica delicada en España, a pesar de su gran importancia: es la tercera fuente de generación eléctrica (aportó el 17,3% del total en 2020, pese a que su producción bajó un 20,3% respecto a 2019) y ayuda a garantizar el suministro. Esto último se vio, por ejemplo, hace dos meses, cuando con la borrasca Filomena subió el precio ante la “tormenta perfecta” (ola de frío, alta demanda y tensiones en el mercado mundial)… pero con el suministro garantizado, pues la eólica y la fotovoltaica no pudieron cubrir la demanda: se tuvo que recurrir también a la nuclear, a la hidráulica… y hasta al carbón.
El ciclo combinado dejó de cobrar los pagos por disponibilidad, uno de los incentivos que forman parte de los denominados pagos por capacidad (el otro es por inversión), el 30 de junio de 2018. Los pagos por disponibilidad son los que recibían las gasistas por mantener disponibles estas centrales para garantizar la cobertura de las puntas de demanda eléctrica y en periodos de baja producción renovable. En esa fecha, el Gobierno Sánchez (entonces sólo formado por el PSOE) ya llevaba unas semanas en La Moncloa, pero el fin de esos pagos se debió a una orden ministerial de noviembre de 2017, que regulaba las subastas de interrumpibilidad, aprobada por el entonces ministro de Energía, el popular Álvaro Nadal, que establecía un plazo de seis meses para acabar con un mecanismo que debía reformarse de acuerdo a la normativa comunitaria.
Nueve meses después, antes de las elecciones generales del 28-A de 2019, Ribera, que entonces sólo era ministra de Transición Ecológica, ya debía 250 millones a las gasistas: en concreto, los 70 millones que le hubieran correspondido en el segundo semestre de 2018 y los 180 millones del 2019 en su conjunto. Y todo ello, porque se iba a aprobar el nuevo mecanismo acorde con la Directiva y Reglamento Interior de Electricidad europea, que tiene restricciones sobre dichos pagos para que no se conviertan en ayudas encubiertas. Desde la primavera de 2019 han pasado muchas cosas en nuestro país, entre ellas, dos elecciones generales (las del 28-A y las del 10-N de ese año), y de esta última cita con las urnas salió un nuevo Gobierno Sánchez -esta vez, en coalición con Unidas Podemos-.
Precisamente, el Acuerdo de Coalición recogía la revisión de los pagos por capacidad, como han recordado Ione Belarra y Nacho Álvarez, los secretarios de Estado de Agenda 2030 y Derechos Sociales, respectivamente, en un artículo publicado en ElDiario.es hace dos meses. Fuentes del sector gasista señalan que es un mandato de la Unión Europea, que tiene restricciones sobre dichos pagos para que no se conviertan en ayudas encubiertas dentro de las normas de mercado interior de la electricidad. Sin embargo, llevan unos años de retraso. El pasado septiembre, el Departamento de Ribera hizo una consulta pública sobre los mecanismos de capacidad y el 25 de febrero presentó la Propuesta de Orden que establece los precios de los cargos eléctricos y los pagos por capacidad, que deben entrar en vigor el 1 de junio (junto con los nuevos peajes).
Veremos en qué queda todo esto… si llega a algún punto y no se retrasa más. Conviene recordar que los ciclos combinados son considerados como tecnología de respaldo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que incluso prevé que haya una potencia instalada de 27 gigavatios (GW) para 2030. Y es que están operativos en sólo 60 minutos después de encenderlos. Sin embargo, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), la ley desastre de Ribera que ha recibido 758 enmiendas, ni siquiera los menciona.
Cristina Martín
Publicado en Hispanidad – 13/03/2021