Ya tenemos aquí otra ley educativa sin consenso que conlleva nuevamente una tensa relación entre la libertad de elección de centro y la planificación plazas de escolarización. Lo que la LOMLOE plantea claramente es dar prioridad a la planificación de plazas públicas, otorgando un carácter subsidiario a la escuela concertada.

Sería razonable esperar, como contrapartida, una mejora en la financiación pública para asegurar una gratuidad real. El coste de cada puesto escolar subvencionado es una incógnita que ningún gobierno quiere aclarar, pero cualquier político, independientemente de su signo, reconoce en privado que es insuficiente y que hay que actualizarlo.

No obstante, me gustaría hacer referencia a lo que actualmente se viene llamando “la nueva concertada”, que realiza una competencia desleal a la enseñanza 100 % privada, cobrando a las familias unas cantidades importantes al mismo tiempo que recibe financiación pública.

Y es que no se puede pretender seguir accediendo a un dinero público como si de un subsidio y no de un contrato se tratara, ya que existen centros en los que las familias no solo compensan con sus aportaciones la financiación de la plaza sino que la superan ampliamente. Así mismo, hay que decir que muchos centros no abusan de los conciertos, pero algunos han desvirtuado este modelo, funcionando como un verdadero entramado empresarial.

Soy de la opinión que la nueva ley no fija su atención en “la concertada de toda la vida”, sino en la nueva subvencionada que ofrece por precios desorbitantes por unas grandes instalaciones. Y es que “no hay mal que por bien no venga”, ojalá esta nueva ley suponga una oportunidad para distinguir los centros privados de interés social de los que no lo son. Solamente hay que mencionar algunas iniciativas con un marcado interés público: las escuelas de segunda oportunidad, las escuelas familiares agrarias… En definitiva, hay que separar el grano de la paja.

 

Vicente Alba

Vicente Alba