Todas las autoridades del Estado, Desde el Rey hasta la autoridad más próxima al ciudadano, deben estar investidas de legitimidad. Pero esta legitimidad puede dividirse en dos: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.
En el caso de un Rey, la legitimidad de origen procede de ser el sucesor de la dinastía a la que la historia ha entregado de forma legítima el trono, y la de ejercicio de reinar según corresponde, de acuerdo con ese reinado recibido, respetando las tradiciones que han conformado y engrandecido su país y que han hecho llegar hasta él tal dignidad.
El presidente del Gobierno no es una excepción. En democracia su legitimidad de origen procede de haber ganado unas elecciones y la de ejercicio lo hace de gobernar con formas y métodos democráticos, respetando escrupulosamente los derechos de sus gobernados que, actualmente, aparecen en la Constitución Española (CE).
En este año 2020 el estado nos ha confinado en casa, suprimiendo nuestro derecho a elegir libremente nuestra residencia y a circular por el territorio nacional (art. 19 CE); durante ese confinamiento la fuerza pública ha obligado a cerrar casi todas las iglesias que, desoyendo el colaboracionismo episcopal, abrían sus puertas, vulnerando nuestro derecho a la libertad religiosa y de culto (art. 16 CE); además, este confinamiento en sí, y las restricciones posteriores han anulado nuestro derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21.1 CE).
Para completar eso, ahora el Gobierno, mediante la conocida como “Ley Celaa” intenta limitar nuestro derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (art. 27 CE). También se está apuntando por parte de los ministros a la próxima aparición de normativa que pretende vigilar lo que opinamos en las redes sociales, vulnerando los derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (art. 20.1.a CE) sin ningún tipo de censura previa (art. 20.2 CE). Por último, también se está estudiando la posibilidad de otra norma que permitiría el acceso de los investigadores de hacienda a los domicilios de las personas físicas y jurídicas sin previo aviso, convirtiendo en papel mojado el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE).
No es posible justificar esta perdida de derechos en base al estado de alarma provocado por un virus que ya no sabemos si llamar Covid-19 o SARS-Cov-2, puesto que casi todos ellos (con las excepciones de las libertades religiosa y de culto, de educación y enseñanza y de ausencia de censura previa), únicamente pueden ser suspendidos de forma generalizada si se acuerda la declaración de los estados de excepción y de sitio (art. 55 CE), pero nunca en caso de estado de alarma.
Parece obvio, por todo ello, que la legitimidad de nuestros gobernantes actuales ha quedado perdida en la inmensidad del frondoso bosque del despotismo gubernamental.
Ante todo esto cabe una pregunta: ¿Qué ha hecho al respecto el partido más fuerte de la oposición? La respuesta es clara: nada. Su labor, como indica el término, sería oponerse a las decisiones arbitrarias del gobierno, pero no ha sido así; se ha convertido en un cordero fiel al servicio de sus jefes del régimen. Y es que quizá, por encima de todos ellos, ambos sirven a los mismos señores, que se encuentran más allá de nuestras fronteras.
Finalmente hemos de reconocer que es cierta la afirmación de Weil: obedecer a este sistema es una verdadera pesadilla.
C.R. Gómez
