Aunque lo sabe todo el mundo, conviene repetirlo para conseguir que al menos se sonrojen cuando vayan por la calle. Los sindicatos existentes en España son unas organizaciones vendidas al gobierno social-comunista, pesebreras y paniuntadas, completamente alejadas de los intereses de los trabajadores. Su espectáculo es nauseabundo, su silencio en la crisis económica pandémica, vomitivo.
Lo hemos visto mil veces, y volvemos a verlo de nuevo de forma escandalosa cuando toda clase de zozobras sacuden a los hogares españoles. Cifras record de desempleo, paro juvenil por las nubes, colas del hambre, la vivienda inasequible, la inflación disparada…y silencio absoluto y manso por parte de las organizaciones sindicales, como si viviéramos en el mejor de los mundos. O quizás porque ellos sí, ellos sí que viven en el mejor de los mundos, mientras los trabajadores no llegan a fin de mes y los desempleados sobreviven gracias a los comedores sociales de Cáritas y los bancos de alimentos.
Gobierna la izquierda. Silencio absoluto. Paz social. De manifestarse -si acaso hay que hacerlo para justificar el sueldo-, que sea contra “el peligro fascista”. Hay que reservar fuerzas para cuando gobiernen “las derechas”. Entonces bastara que la luz suba el 1% o que una quincena descienda el empleo por la estacionalidad.
No sé como no se les cae la cara de vergüenza.
La subvención a los sindicatos en 2021 alcanza la cifra de 13,8 millones de euros, un modesto 56% de incremento respecto al año anterior. Vamos, lo que ha subido el salario medio. Claro que aún lejos de las de 2011, donde rondaban los 15,8 millones de euros.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han acaparado más del 75 % de las subvenciones que los distintos gobiernos han concedido en la última década para financiar a los sindicatos. En concreto, las dos citadas organizaciones han recibido 73,94 de los 97,93 millones de euros que se han repartido en dicho periodo.
Según la legislación vigente, para optar a esta partida del presupuesto del estado los sindicatos no pueden incurrir en alguna de las prohibiciones que establece la Ley General de Subvenciones. Como, por ejemplo, haber sido condenado por delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos.
Lo que, al no cumplir esa condición, pues son conocidos los numerosos casos de corrupción que han afectado a los sindicatos, convierte a las subvenciones que año tras año se les otorgan presuntamente también en malversación de fondos públicos.
Todos los españoles pagamos con nuestro dinero el mantenimiento de unas organizaciones sindicales que, aparte de nidos de chanchullos y corruptelas -algunas de cuantías estratosféricas como el caso de los EREs de Andalucía o las Cajas de Ahorros-, no son más que la guardia pretoriana de los gobiernos socialistas, que aprietan el botón calma-protesta en las calles a su antojo y conveniencia. Meras correas de trasmisión de la izquierda política y alter ego de los partidos que los apadrinan.
Unos sindicatos para los que los trabajadores -los de verdad, los que trabajan, y no los liberados sindicales- no son más que una excusa para la perpetuación de esta inmoral mamandurria colectiva. Según datos de la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social a finales de 2019, CCOO sumaba más de 97.000 delegados, casi 10.000 más que UGT y 85.500 más que USO, la tercera organización. Intocables y exentos de pegar golpe.
De las muchas formas de disminuir el desmedido gasto público y el crecimiento desbocado de la deuda que le acompaña, una de las primeras debería ser cortar las subvenciones a los sindicatos.
Queremos sindicatos libres y comprometidos con la justicia, la economía social y la promoción de los trabajadores.
No necesitamos para nada chupópteros aferrados a la subvención y la consigna política, que son una burla para los trabajadores.
Que los 14 millones de euros los paguen sus afiliados, si es que les compensa.
Para más políticos con otro nombre, ya nos sobran los que pululan por los partidos.
Javier Urcelay
