El 17 de septiembre, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, presentó un informe para que “Polonia regrese a los valores de la Unión Europea”. Unos valores que se contradicen con los fundadores firmantes del tratado de Roma. El informe es el décimo que se realiza contra Polonia, que contó con el apoyo del Parlamento Europeo.
En un documento no vinculante, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por el sistema legislativo y electoral, la independencia del poder judicial y los derechos fundamentales en Polonia. La resolución fue apoyada por 513 eurodiputados, incluidos los eurodiputados de la oposición polaca, PO y la izquierda, que les convirtió en seres equivalentes a los confederados de Targowica (traidores). No obstante, 148 eurodiputados se opusieron a la medida condenatoria contra Polonia, en la que estuvieron los representantes húngaros del Fidesz, del Grupo de Conservadores y Reformistas y del Grupo Identidad y Democracia.
Los ataques contra Polonia se escudan en su oposición a la introducción de la ideología de género en Polonia y en la aplicación de una reforma judicial que eliminaría la presencia de los magistrados de época comunista, más favorables a las medidas de la UE. No obstante, los ataques que describen falsamente una deriva autoritaria, en una Polonia, donde se celebran elecciones libres, y la mayoría gobernante se elige en elecciones. Una Polonia que aplica reformas que no se diferencian en nada de las llevadas a cabo en otros países, como su modelo de justicia, semejante al español.
La otra razón es la configuración de una zona de ayuntamientos denominados como espacios libres de ideología de género. Esta es una de las principales razones en las que se escuda el ataque contra la soberanía polaca. El origen proviene, cuando en respuesta a la Carta de apoyo al colectivo LGBT del ayuntamiento de Varsovia, algunos gobiernos locales polacos adoptaron de forma pública su apoyo a la Carta de los Derechos de la Familia. En ella se planteaban, literalmente: «que los radicales que luchan por una revolución cultural en Polonia atacan la libertad de expresión, la inocencia de los niños, la autoridad de la familia y la escuela y la libertad de los empresarios. Por lo tanto, ¡defenderemos constantemente a nuestra comunidad de gobierno local! (…) Por el bien de la vida, la familia y la libertad, declaramos que el gobierno local que representamos, de acuerdo con nuestra cultura centenaria de vida social, no interferirá en la esfera privada de las mujeres polacas y los polacos».
En respuesta a esas medidas, se intenta cortar la llegada de fondos europeos a Polonia, como ya ha decidido Noruega, quien ha adoptado la resolución de no dar el dinero de los fondos noruegos a Polonia. Algunos países como Noruega, que no pertenecen a la UE dan fondos económicos a cambio de poder acceder de forma libre al mercado de la eurozona, incluida Polonia. Resulta curioso, cuando Noruega es el país que ha sido acusado de faltar al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque la Oficina Noruega para la Protección de los Derechos del Niño, está acusada de graves violaciones de los derechos de las familias, por faltar al artículo octavo sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, que establece que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia».
