El 25 de octubre de 1854, en la batalla de Balaclava, durante la guerra de Crimea, se produjo una carga de la Brigada de la Caballería Ligera británica contra posiciones rusas fuertemente protegidas por artillería que se encontraban al fondo de un valle. La situación era tan extraña que las piezas de artillería se cebaron sobre los jinetes, sin que estos pudieran hacer otra cosa que morir. La suerte de los británicos estaba decidida antes de que comenzasen su carga; de hecho, de los 650 jinetes de cinco regimientos de lanceros, húsares y dragones británicos tan solo sobrevivieron 197. Su jefe, Lord Cardigan, era un completo inútil en el aspecto castrense, pero poseía una fortuna enorme que le había permitido comprar sus empleos militares. A pesar de todo ello sus jinetes, que eran conscientes desde el comienzo del grave error que se estaba cometiendo, no discutieron ni cuestionaron las decisiones del Lord, y murieron cumpliendo lo mandado por su jefe. Esta carga inspiró un poema de Lord Alfred Tennyson titulado “La Carga de la Brigada Ligera” que comienza diciendo “Media legua, media legua, media legua ante ellos. Por el valle de la muerte cabalgaron los seiscientos”.
Esa obediencia ciega al jefe, que quizá pueda ser buena en ciertas situaciones bélicas, es nefasta en muchas ocasiones, especialmente cuando quien manda carece de los conocimientos y dotes necesarios para ejercer su función.
Muchos se llevarán las manos a la cabeza ante la triste historia de los jinetes de la Gran Bretaña y se preguntarán quién puede ser tan torpe como para seguir ciegamente las directrices de un jefe manifiestamente incompetente y, sin embargo, en la España actual sabemos mucho de eso.
El día 6 de diciembre de 1978 se aprobó nuestra actual constitución; una ley fundamental que dejaba de lado a Dios, abriendo las puertas a la degradación moral de nuestro país. Algunas personas clarividentes ya anunciaron que la aprobación de este texto legal supondría abrir la puerta al aborto, al divorcio e incluso a la eutanasia, pero fueron desoídos por la mayoría y tachados de ultras. El paso del tiempo ha demostrado que, a pesar de su acierto, se quedaron cortos, al no haber podido prever la salvaje magnitud de los males vaticinados (¡en España se asesina a casi 100.000 bebés anuales mediante aborto!), ni ser capaces de intuir la llegada de la ideología de género y del lobby LGBTI, pues era algo impensable en aquella época. La aprobación de la constitución abrió las puertas de la degradación moral de España.
El 12 de junio de 1985 España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, haciéndose efectiva la integración de nuestro país en dicha comunidad el día 1 de enero de 1986. En el terreno político nuestra integración en Europa ha supuesto la pérdida de parte de nuestra soberanía nacional, al tener que adoptar como propia la normativa europea e integrarla en nuestra legislación e incluso someter nuestra justicia a tribunales europeos y, por tanto, extranjeros. Nuestra economía también se vio afectada desde el principio de tal adhesión, pues la producción nacional quedó limitada por cuotas marcadas desde los organismos comunitarios (por ejemplo, para la leche, el vino, la pesca, el aceite, las frutas y hortalizas, etc.) o fue la CEE quien negoció en nuestro lugar en qué caladeros podían faenar los pesqueros españoles. Así, la CEE impuso sus decisiones en materia de agricultura, ganadería, pesca, comercio o transportes, entre otras. España había perdido su soberanía social y política, además de comenzar el duro camino de perder también su independencia económica.
La firma del tratado de Maastricht en 1992 supuso el cambio de denominación de la Comunidad Económica Europea, pasando a denominarse Unión Europea. Este tratado sentó las bases de la moneda única, que fue adoptada por casi todos los países de la Unión el 1 de enero de 2002. La adopción de dicha moneda supuso ceder al organismo europeo el control del valor de nuestra moneda y, con él, la perdida de uno de los mecanismos más importantes para regular la inflación. Así, España había cedido casi totalmente el control de su economía.
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el actual coronavirus como “emergencia de salud pública internacional”, que es el máximo nivel de alerta de dicha organización. A pesar de ello nuestro gobierno no comenzó a tomar medidas al respecto hasta mes y medio después, permitiendo extenderse el contagio sin control. Posteriormente el gobierno adoptó un estado de alarma ilegal, se asesoró de un comité de expertos inexistente, ordenó a los altos mandos de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que vigilasen las redes sociales para controlar la desafección al gobierno, produjo el caos en el suministro de materiales al intentar centralizarlo (recordemos que era imposible encontrar mascarillas y, cuando cesó el control gubernamental, aparecieron por todas partes), cerró los negocios privados que suponían concentración de personas pero mantuvo los transportes públicos que circulaban abarrotados, aprovechó la situación para “colar” a Pablo Iglesias en el CNI, controló a la prensa mediante subvenciones y limitaciones en el número de preguntas y nombre de los medios que podían hacerlas, mintió descaradamente en las cifras de fallecidos ¡En fin! que el ejecutivo tomó una serie de decisiones desacertadas y partidistas que sólo han servido para generar desconfianza en las decisiones gubernamentales y en la información transmitida por la prensa. El resultado de ello es que, en España, según las cifras oficiales, se han perdido más de 88.000 vidas humanas por ese virus al que no nos quieren dejar llamar “virus chino”, aunque otras fuentes extraoficiales elevan dicha cantidad hasta casi 140.000 fallecidos.
Con la excusa de controlar la Covid-19, el 27 de diciembre de 2020 el gobierno español, siguiendo los criterios que le estaban siendo marcados por organismos extranjeros (Agencia Europea del Medicamento, Organización Mundial de la Salud, …), comenzó el proceso de vacunación de la población española contra el coronavirus. Es importante saber que la experimentación de una vacuna tiene 5 fases, que son:
- La fase preclínica: En ella se experimenta la vacuna en animales, determinando su eficacia y la tolerancia de éstos al medicamento.
- La fase I: En esta fase se prueba la vacuna en un grupo reducido de seres humanos adultos (menos de 100) para ver si genera efectos adversos en las personas.
- La fase II: Se pasa a ella si en la fase I la vacuna se ha considerado segura. En esta fase se prueba la vacuna en una muestra de entre 200 y 500 personas adultas. Es en esta fase donde se realiza una búsqueda de la dosis más adecuada y del intervalo entre dosis.
- La fase III: En ella se aumenta la muestra de personas hasta una cifra muy significativa que puede llegar a ser, según el caso, de varios miles. Esta fase sirve para comprobar las dosis e intervalos determinados en la fase II y para verificar la eficacia y seguridad del fármaco.
- La fase IV: Si los datos de la fase III son favorables, se solicita la aprobación del fármaco por la correspondiente agencia del medicamento y, una vez obtenida, se pasa a esta fase, en la que se comercializa el mismo y se produce la “farmacovigilancia”, que supone controlar y evaluar el funcionamiento de la vacuna en el mundo real, así como determinar sus efectos a largo plazo.
Todo este proceso suele rondar los 4 o 5 años de duración, contados desde que se comienza la experimentación del fármaco hasta que se produce la comercialización del mismo. Pues bien, tomando como ejemplo la vacuna de Pfizer, desconozco si existió fase preclínica, pero en la página web de Clinical Trials (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728), que pertenece a la U.S. National Library of Medicine, encontramos que las fases I, II y III comenzaron el 29 de abril de 2020 y la fecha estimada de finalización del estudio es el 2 de mayo de 2023; esa es la razón de que ninguno de los organismos oficiales del medicamento haya autorizado estas vacunas, simplemente han permitido su “uso de emergencia”. Como consecuencia de ello, podemos afirmar que la vacunación de la Covid comenzó en España tan sólo 8 meses después de comenzar a investigar el medicamento y más de 2 años antes de que finalice el estudio, lo que supone que, realmente, se desconozcan los efectos que tendrán estas vacunas sobre la población a corto, medio y largo plazo. Esa es la razón por la que algunos se refieren a estas vacunas como “medicamentos experimentales inyectables”. Siendo España un país en el que casi el 80 % de la población ya tiene la pauta completa, es una osadía haber llegado a este punto sin informar adecuadamente a las personas acerca de lo que se estaba introduciendo en sus organismos. A esto se añade la pretensión de acosar moralmente a quienes se niegan a hacer de conejillos de indias gratuitos culpabilizándoles de la ineficacia de los medicamentos y creando un pasaporte Covid para identificarlos y estigmatizarlos públicamente, al más puro estilo de la estrella de David colocada por Hitler a los judíos, dividiendo así al país entre vacunados y no vacunados y enfrentando a ambos grupos. Si a esta división social creada añadimos la posible enfermedad o muerte de nuestros compatriotas como consecuencia de tales medicamentos, es fácil ver las consecuencias fatales que está teniendo la vacunación para nuestra sociedad.
Así, España camina al galope hacia la muerte por el valle de su degradación moral, social, política, económica y humana, y todo ello por seguir ciegamente las directrices de dos líderes manifiestamente incompetentes que han ostentado la jefatura del estado desde el año 1975 hasta hoy en día. Por cierto, al igual que Lord Cardigan, estos dos señores sobrevivirán sin duda a la catástrofe, pudiendo permitirse una vida de lujo sin comparación alguna con el desastre sufrido por sus súbditos ¡Que Dios nos ampare!
C.R. Gómez
