La semana pasada, el Estado de Georgia aprobó una nueva normativa electoral que fortalece los requisitos de identificación de los votantes, ante las graves irregularidades acaecidas durante las pasadas elecciones presidenciales. La normativa fue aprobada por el Congreso y el Senado del Estado y rubricada por el gobernador Brian Kemp. Desde su aprobación, la progresía mediática ha cargado contra la nueva ley electoral, afirmando que es racista e inconstitucional.
Recordemos los antecedentes, Georgia fue uno de los Estados donde hubo más acusaciones de fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. La contienda en el Estado se decantó a favor de Biden, por apenas 0,2 puntos porcentuales, entre notables irregularidades. En los pasados comicios, el Estado de Georgia permitió que se depositaran los votos en los denominados “drop boxes”, una suerte de urnas portátiles que se habrían situado en diversos puntos del Estado, incluso en centros comerciales. Casualmente, la iniciativa de su instalación corrió a cargo del lobby demócrata Fair Fight Action, fundado por Stacey Abrams, fallida candidata del Partido Demócrata a gobernadora de Georgia en 2018, y uno de los principales iconos políticos del movimiento marxista Black Lives Matter. Bajo la regulación anterior, los votantes que quisieran emitir su sufragio anticipadamente debían acudir a la oficina electoral del condado e identificarse para poder emitir su voto por correo. Con la introducción de los drop boxes, Garland Favorito, fundador de la plataforma VoterGA, denunció que se habían recolectado votos en nombre de terceros e introducido en los drop boxes sin control alguno, lo cual es ilegal.
A dichas irregularidades con las citadas urnas portátiles, se añadió el deficiente sistema de identificación de los votantes, dado que ni siquiera se les exigía el documento de identidad a la hora de solicitar el voto por correo. Pues bien, para paliar tales carencias, la nueva legislación adopta las siguientes medidas:
- Para solicitar el voto por correo se exigirá presentar el documento de identidad, y no limitarse a una mera firma como hasta ahora.
- Se otorgan mayores competencias a las Cámaras estatales para analizar el recuento de los votos en el caso de que se detecten problemas durante el escrutinio.
- Limitar el número de “drop boxes” o urnas portátiles.
- Prohibir entregar comida o bebida a los votantes en las colas de espera en los centros de votación.
- Reducir los períodos para emitir el voto anticipado en las elecciones con sistema de segunda vuelta, como es el caso de las elecciones al senado federal por Georgia.
Probablemente, al leer el elenco de medidas piensen que son bastante lógicas. E incluso a alguno le sorprenderá que alguien pudiera solicitar el voto por correo sin identificarse, con la normativa actual tan defendida por los demócratas. Pues bien, la progresía mediática no está contenta con esta nueva medida garantista. Así, los demócratas han calificado la norma como “racista” y la han comparado con las denominadas leyes de Jim Crow que aplicaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Así, el presidente Biden ha señalado que la normativa electoral de Georgia es “Jim Crow en el siglo XXI”. Ante tal exabrupto del “moderado” presidente Biden, la respuesta más clarificadora ha sido la del congresista federal por Utah y afroamericano, Burgess Owens [cuya fotografía encabeza este post], quien ha respondido al presidente en un tweet con el siguiente tenor:
“Todavía recuerdo ver a mi padre enfrentándose a los violentos supremacistas blancos por haberse atrevido mi madre a usar un baño «solo para blancos» en el sur de EEUU cuando regían las leyes de Jim Crow. Estamos ante una normativa que nada tiene que ver con las leyes pro-segregación, por lo que el Sr. Biden debería darse cuenta de lo patético que es afirmar que es racista una norma que simplemente exige enseñar el documento de identidad a la hora de identificarse para votar”.
El presidente Biden no se ha quedado ahí y ha continuado cargando de la siguiente forma: “No sabemos bien exactamente qué podemos hacer en este punto. El Departamento de Justicia está echando un vistazo a la norma”.
Efectivamente, es difícil que desde el punto de vista jurídico se pueda hacer algo contra una medida perfectamente legal, que se limita a garantizar la identificación de los votantes a la hora de emitir el voto. No obstante, es evidente que el hecho de que la norma sea perfectamente ajustada a derecho y justa, no detendrá la campaña de calumnias del sectarismo progresista contra la misma.
La norma de Georgia, en palabras del think tank conservador, Heritage Action for America, debe ser “un modelo para el resto del país” y los activistas en favor de la integridad electoral anuncian que se promoverá la aprobación de la misma en más Estados.
Sorprende como una normativa que busca mejorar la integridad y las garantías del sistema electoral, esté generando tal histeria entre los demócratas y los progres.
Sin duda, es una gran normativa pero que llega tarde… ¿Qué habría pasado en Georgia la noche electoral del 3 de noviembre del año pasado si hubiera estado vigente?
Ignacio Aguirre
Publicado en Hispanidad – 2/04/2021