Como lo prometido es deuda, continuamos desde El Criterio esta serie temática sobre educación. En este artículo nos vamos a centrar en la evolución de la autoridad docente en España, y más concretamente a partir de la Ley General de Educación de 1970.
Partimos de la base de que en las últimas décadas, el papel tradicional del maestro, respetado por las familias y el alumnado, al igual que valorado especialmente por el hecho de desempeñar su función otorgada por la sociedad de formar y enseñar a los más jóvenes, indudablemente se ha ido deteriorando.
También debemos tener en cuenta previamente aquellos tiempos anteriores en los que el analfabetismo era generalizado y la cultura propia de los maestros, y, sobre todo, su misión de transmitir conocimientos y valores, les otorgaba un plus de autoridad con respecto a la población de la época.
Con la introducción de la LGE en 1970, el incremento hasta los 14 años de la enseñanza obligatoria conlleva un aumento en el reconocimiento de la autoridad personal del profesorado. Es decir, la autoridad del saber mediante la acción pedagógica del maestro.
En 1990, la LOGSE tiene una forma diferente de entender el papel del docente en el medio escolar. El profesor ya no es solo un elemento más, sino que es un factor clave que, junto al resto de la comunidad educativa, favorece el desarrollo de un proyecto común.
En 2006, la reforma educativa que plantea la Ley Orgánica de Educación (LOE) pretende atender a los graves problemas de convivencia que se observan en los centros educativos al inicio de siglo XXI y que derivan en la ya conocida como «crisis de autoridad».
En 2013 se publica, no exenta de polémica, la actual ley de educación que representa la LOMCE. La mejora de la calidad educativa es el objetivo principal que proyecta esta reforma legislativa, al mismo tiempo que establece el prestigio de la profesión docente como un factor esencial.
Durante esta década se han ido sucediendo distintas normativas de las diferentes administraciones educativas autonómicas relativas a la autoridad del profesado. Estas regulaciones van encaminadas a restaurar la figura del profesor, entendiendo que su prestigio profesional se está deteriorando. En este sentido, se reconoce la figura del profesor como autoridad y su presunción de veracidad.
Es por ello que podemos destacar como factores determinantes del desgaste de la autoridad tradicional del profesor, entre otros, el relativismo cultural y moral o la confusión de democracia con igualitarismo, donde la relación profesor – alumno se considera de igual a igual. Así mismo, los valores que priman actualmente en la sociedad podrían explicar, en gran medida, gran cantidad de las conductas del alumnado, derivadas del bienestar individual.
En definitiva, el maestro necesita mucho más que una simple ley para ser reconocido como una figura de autoridad, y es que el problema no está totalmente en la escuela sino en la misma sociedad.
Me gustaría finalizar haciendo referencia al titular de un artículo publicado la semana pasada en la edición digital del Diario de Sevilla que pude leer la semana pasada, el cual hablaba de algunas conductas incívicas de los jóvenes como el botellón o el incumplimiento de normas relacionadas con la actual situación de “nueva normalidad” como llevar mascarilla: “¡Y ahora resulta que la disciplina es clave! – La sociedad que ha debilitado a los profesores hasta despojarlos de autoridad lamenta ahora el comportamiento de los jóvenes”. Con estas palabras queda todo dicho.
Vicente Alba
