Allá por el 3 de marzo, publicábamos un post titulado “Delirium tremens”, hablando de las veleidades suntuarias y presupuestarias del gobierno aragonés. Así que no sé si el título que ahora hemos asignado a este post es el adecuado, o más bien deberíamos recordar aquello de las tres fases de la borrachera: exaltación de la amistad, cantos regionales y… ¡negación de la evidencia¡
En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes 28 de abril de 2020, además de la aprobación del plan de fases de desescalada del COVID-19, el Ejecutivo central pasó numerosos nombramientos a dedo de altos cargos del Estado y la siguiente reorganización:
-Ministerio de Consumo: Se crean 6 nuevas Subdirecciones Generales y una División. Para ocupar el cargo de Director General de Ordenación del Juego no se requiere ser funcionario (¡menos mal¡, je, je).
-Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: Se crean 2 nuevas Subdirecciones Generales.
-Ministerio de Educación: Se crea 1 nueva Subdirección General.
-Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico: Se crean 1 Dirección General y 2 Subdirecciones. Se crea un nuevo organismo autónomo, el Instituto para la Transición Justa. Su máximo responsable no tendrá que reunir la condición de funcionario. Pero, aparte de esto, lo realmente decisivo es si… finalmente los cargos directivos procederán de ciertas ONGs. ¿O somos muy malpensados?
-Ministerio de Trabajo: Se suprimen 6 Subdirecciones Generales, pero al mismo tiempo se crean una nueva Dirección General, 5 Subdirecciones y una División. Se transforman 2 puestos con rango de Director General para ocupar los cuales no será requisito tener la condición de funcionario.
A todo esto, hay que decir que en el mes de enero el gobierno de Sánchez ya abrió 23 Direcciones Generales a provisión libre sin que fuera requisito contar con la condición de funcionario.
Las interpretaciones sobre quiénes van a cubrir esos puestos se las dejamos a ustedes, queridos lectores. Nosotros nos limitamos a constatar la realidad de un proceso de desprofesionalización y consiguiente politización de la función pública a gran escala. Mejor no hablar de la guinda del pastel, con el proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Un juez, un magistrado, no es un funcionario del Ministerio de Justicia, por supuesto, por supuesto para cualquier persona honrada. Pero es que dentro de poco no va a ser ni eso, se va a diferenciar muy poco – tal vez nada – de cualquiera de los monigotes-sicarios ataviados con togas rojas que integraban el pseudotribunal que envió a la muerte a Sophie Sohl y a sus compañeros de la “Rosa Blanca”.
Pero como diría Mickey Mouse… ¡No se vayan todavía¡ ¡Aún hay más¡04
España sufrirá el próximo año la mayor recesión de su historia moderna, con un espectacular repunte de la deuda y una paralización de la actividad que impactará muy duramente sobre el sector privado. El Gobierno prevé que al menos 900.000 trabajadores se queden sin empleo y que otras cuatro millones de personas sufran un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a lo largo del presente año. En cambio, el sector público quedará a salvo de esta crisis económica en términos de salario y puestos de trabajo. Así lo afirmó en la rueda de prensa del pasado día 2 de mayo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y así está recogido en el programa de estabilidad que en la noche del jueves el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea: el gasto en nóminas públicas repuntará en un 6%, lo que supone un incremento de más de 8.000 millones de euros.
Será el mayor aumento de la última década, tanto en términos porcentuales como absolutos, y disparará la cifra total destinada a sueldos de funcionarios y trabajadores públicos más allá de los 142.000 millones. La remuneración de los asalariados del sector público aumenta en 2020 un 6,09%, hasta el 12,7% del PIB, argumenta el gobierno español en el documento remitido a la Comisión, debido al incremento salarial máximo del 2,3% previsto.
Además, se llevará a cabo la equiparación salarial de la policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, y se incluye también la devolución de la paga extra en Cataluña por importe de 323 millones. A todo ello, se debe sumar el incremento de contrataciones de personal sanitario del Sistema Nacional de Salud y el coste de otras contrataciones derivadas del COVID-19 como por ejemplo personal auxiliar, de limpieza y desinfección, personal investigador y de seguridad, gasto que recaerá fundamentalmente sobre las comunidades y ayuntamientos y que el Ejecutivo no cifra. Pero, en todo caso, el grueso del incremento responde a la señalada mejora salarial plurianual que pactó el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con los representantes sindicales de los funcionarios. Los sueldos públicos ya crecieron un 1,75% en 2018, un 2,5% el pasado año y este ejercicio repuntarán más de un 2%, una cifra muy superior a la inflación negativa que se espera. Y ahí es donde algunas voces apuntan que existe un notable margen de actuación.
“En este contexto, no tiene sentido que el aumento de los sueldos públicos sea superior al coste de la vida, congelando los salarios ya se produciría un aumento de poder adquisitivo. Hay nueve millones de trabajadores en el sector privado que ya han sufrido una bajada de sueldo por estar en el paro, en un ERTE, paralización de su actividad… Por solidaridad el sueldo de los funcionarios debería congelarse”, ha afirmado Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios y funcionario en excedencia.
La verdad es que se hace difícil afrontar un proceso de recuperación en condiciones con un Gobierno formado por 22 ministros. Se han creado ministerios por “necesidades” puramente políticas, para que cada partido – PSOE y Podemos – tenga su cuota de poder, duplicando carteras y provocando un aumento enorme de altos cargos, asesores elegidos a dedo, direcciones generales, chóferes, escoltas… El país podría funcionar perfectamente con 12 ó 14 ministerios, porque ya lo ha hecho antes, y con buenos resultados. Si hay algo evidente en el estado actual de cosas en el ámbito político-administrativo, es que hay un importante número de carteras con pocas y/o discutibles – por perfectamente prescindibles – atribuciones, al tiempo que se constata una politización delirante de todos los ámbitos funcionales de actuación de las Administraciones Públicas.
Ahí queda eso…
